Las tensiones entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid siguen haciéndose notar. Los desacuerdos en materia económica se suceden uno tras otro: el modelo de reparto entre las comunidades de los fondos europeos de ayuda, la gestión del ingreso mínimo vital y, estos días, la polémica propuesta de un impuesto específico para compensar el efecto de la capitalidad, que hace que Madrid se convierta en una ‘aspiradora de recursos’ económicos. Como explicaba Ximo Puig en su reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, “el 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde. Nueve de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid. Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en Madrid”. Esto justificaría la creación de un impuesto especial que fomentaría la solidaridad territorial y la equidad financiera entre los distintos territorios nacionales. La sugerencia ya ha sido acusada de ‘madrileñofobia fiscal’.
La Comunidad de Madrid contribuye con 6.000 millones de euros a la financiación de 12 comunidades autónomas, una cantidad que triplica las aportaciones de Cataluña, y que es 13 veces mayor que la de Baleares, según datos extraídos de un vestido de la FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Las comunidades obtienen su financiación a través de tributos, entre los que se encuentran donaciones, transmisiones patrimoniales, sucesiones, juego, hidrocarburos, actos jurídicos documentados, electricidad o tasas.
En el análisis de la FEDEA titulado «La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, se destaca que este sistema es útil, ya que aporta que las comunidades como menor renta, puedan tener recursos extra, incluso por encima de sus ingresos tributarios (es decir, reciben más de lo que recaudan), con importes de alrededor de 19.000 millones de euros. Esto es posible gracias a las tres comunidades españolas con mayor renta per cápita que son Cataluña (2.070 millones de euros), Baleares (462) y Madrid (6.000), a cuyas aportaciones se suman las del resto de las comunidades del Estado. Una contribución que supone casi el 25% de los ingresos tributarios autonómicos de la Comunidad de Madrid.
Con estos datos sobre la mesa, resulta aún más chocante la propuesta de Ximo Puig respaldada por el ministro Escrivá, para que la Comunidad de Madrid aumentase su aportación fiscal con un impuesto extra, que pretende ‘compensar’ a las demás comunidades por tener una renta superior y unas condiciones fiscales más atractivas. Una medida que ‘tiene mucho recorrido’ según las palabras de Escrivá, ya que aumentaría la recaudación para las arcas públicas.
