La gerente y el tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, declaran este lunes en calidad de investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid en el marco del denominado ‘caso de la niñera’, en el que se investiga un presunto delito de administración desleal por el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a Teresa Arévalo –entonces candidata y dirigente del partido– y a la hija de la ahora ministra de Igualdad Irene Montero.
En un principio estaba previsto que ambos acudieran a sede judicial en calidad de testigos, pero la Fiscalía pidió al magistrado a cargo de la instrucción que acordara su imputación al considerar que «tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal» los dos fueron quienes «ordenaron el pago».
Así, en una providencia de 8 julio, el juez José María Escribano acordó para este lunes a las 10.00 horas la citación de Val y De Frutos en concepto de investigados. Ya estaba previsto que también compareciera el responsable de seguridad de Podemos, en su caso en calidad de testigo.
Estas declaraciones tienen lugar después de que el magistrado interrogara a Arévalo, quien -según fuentes de la causa– negó las acusaciones en su contra y precisó que sostener a una niña en brazos «unos segundos» no implica hacer labores de niñera.
Las mismas fuentes explicaron que la ahora asesora del Ministerio de Igualdad también negó ante el magistrado que cobrara de Podemos durante el viaje de campaña a Alicante que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 y que se investiga en la causa en el marco de un presunto delito de administración desleal.
Según dijo Arévalo en sede judicial, viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de gabinete de la portavocía del partido y subrayó que en ese momento no percibía sueldo por parte de la formación, sino del Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
ORIGEN DE LA CAUSA
La pesquisas a cargo del juez Escribano parten del relato presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, quien aseguró que la ahora ministra de Igualdad habría utilizado a Arévalo como cuidadora de su hija durante un acto de campaña de 2019.
En un auto de 27 de abril, el titular del juzgado acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como investigada a la asesora por un presunto delito de administración desleal, ya que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo.
En el marco de las diligencias, está previsto que Carmona acuda a declarar en calidad de testigo el próximo 27 de julio, según han informado fuentes jurídicas.
