La todavía ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, será sustituida por Pilar Alegría al frente de la cartera tras la remodelación acometida este sábado 10 de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero su apellido permanecerá como la denominación no oficial de la LOMLOE, la octava y polémica ley educativa de la democracia española.
Celaá accedió al ministerio en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó al PSOE al Gobierno. En aquel momento, además de ministra educativa, fue nombrada portavoz del Gobierno, cargo que ocupó hasta la formación del Gobierno de coalición cuando fue sustituida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La LOMLOE, octava ley educativa de la democracia española, ha sido una norma duramente criticada y ante la que se han rebelado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. La norma, que elimina el castellano como «lengua vehicular», también ha sido recurrida por PP, Cs y Vox al Tribunal Constitucional.
Además, ha provocado que los tres partidos, en especial el PP, hayan puesto en marcha una serie de acciones para no tener que aplicar la nueva Ley de cara al siguiente curso. De hecho, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de aprobar el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa para blindar la educación concertada y la especial.
Parte de la comunidad educativa también ha criticado la norma, en especial la educación concertada y especial, éstos últimos convencidos de que la norma prevé la desaparición de los centros de educación especial, pese a que la ministra asegura que no es su intención.
«NO PODEMOS PENSAR QUE LOS HIJOS PERTENECEN A LOS PADRES»
Por otro lado, la ministra se ha mostrado reiteradamente en contra del ‘pin parental’ impulsado por Vox en comunidades autónomas como Murcia, una medida que el ministerio ha recurrido con éxito y que le valió a la ministra una de sus frases más controvertidas y contestadas: «No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres».
Celaá se marcha sin llegar a aprobar la reforma del currículo, la Ley de FP, o la modificación de la carrera docente y también ha quedado pendiente el decreto de evaluación, que permite pasar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato sin tener todas las asignaturas aprobadas. Durante este último año y medio, la ministra ha tenido que lidiar con el impacto de la pandemia en la escuela, primero con el confinamiento y el cierre de las escuelas, y luego con la apuesta por la presencialidad con medidas sanitarias, una apuesta que se mantiene para el próximo curso, pero cuyas medidas está previsto que se revisen en agosto.
