La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno no entra a juzgar si el fondo de 10 millones creado por el Ejecutivo catalán para pagar multas por el ‘procés’ es «malversación o menoscabo de fondos públicos».
Montero ha respondido así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada por la advertencia del Tribunal de Cuentas de que el Govern podría incurrir en malversación si paga las multas de los 34 exaltos cargos de la Generalitat con fondos públicos.
La Portavoz del Ejecutivo inicialmente ha dicho que no podía opinar sobre la norma aprobada por la Generalitat porque no conoce el acuerdo y simplemente lo han visto en titulares de prensa.
No obstante, ha precisado que el Gobierno «vela por la legalidad existente» y esto significa, ha dicho, que «todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad». Aunque ha añadido que cuando tengan opinión, tras conocer la norma, la harán pública.
Pero al ser preguntada sobre si la Generalitat estaría incurriendo en un delito de malversación como ha avisado el Tribunal de Cuentas y si el Gobierno está dispuesto a recurrir el pago de esa multa con fondos públicos, la Portavoz del Ejecutivo ha señalado que, sobre el tipo de delitos que pueda o no haber, «no le corresponde al Gobierno juzgar».
Ha precisado en este sentido que al Gobierno no le compete juzgar «si una determinada conducta es objeto de un menoscabo de fondos públicos, de malversación, de responsabilidad contable o cualquier otra de las consideraciones que tiene que ver con los fondos públicos».
Se ha limitado a señalar que el Ejecutivo respeta las decisiones de los tribunales y del Tribunal de Cuentas. Sobre este último ha precisado que aún no ha concluido el procedimiento y que éste puede ser recurrido por los afectados una vez que concluya.
La decisión de crear este fondo ha sido anunciada esta mañana por la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien ha comparecido tras la reunión del Consejo Consultivo para explicar que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.
Según ha dicho, acompañada de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Economía, Jaume Giró, este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo».
Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.
