El Tribunal de Cuentas concluirá su mandato el próximo 23 de julio sin que existan a corto plazo perspectivas para la renovación de sus consejeros, que requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.
El acuerdo se antoja aún más complicado después de que el órgano fiscalizador se haya situado en el ‘punto de mira’ del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista.
Además de los expedientes abiertos por la consulta soberanista de 2014, esta semana se ha conocido los resultados de la actuación contra más de 30 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. En este procedimiento, el organismo fiscalizador les reclama una fianza global de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
PRESIONES DEL INDEPENDENTISMO
El independentismo cargó contra la institución, tachándola de «inquisición» e incluso el republicano Gabriel Rufián la definió de «chiringuito de 40 familias reaccionarias que llevan mandando 80 año en este país». A las críticas se sumó Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo.
Incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, se mostró partidaria de «eliminar» todas las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra políticos independentistas, y su colega de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, llegó a calificar estos procedimientos como «piedras en el camino» del diálogo que hay que «desempedrar». Y el propio presidente Pedro Sánchez hizo hincapié en que una de los consejeras del tribunal fue ministra con José María Aznar, en alusión a Margarita Mariscal de gante.
En esa línea, el Gobierno ya ha dado a entender que la Abogacía del España no prevé sumarse a las exigencias del Tribunal de Cuentas alegando que, si efectivamente hubo desvío de dinero público, serían fondos de la Generalitat, no de la Administración General de Estado.
Y en ese contexto de enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la concesión de los indultos, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, instó al PP a avenirse a la renovación no sólo del Tribunal de Cuentas sino del resto de órganos constitucionales pendientes.
Pero el PP, que al igual que Vox y Ciudadanos ha rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, ya ha avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura. Además, como la composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP, los ‘populares’ aún dominan buena parte de ellas.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS YA CUMPLIÓ CON LA LEY
El pasado mes de abril, cuatro meses antes de expirar el plazo de los nombramientos de los consejeros, el Tribunal de Cuentas ya comunicó por escrito tanto al Congreso como el Senado que debía abrirse el proceso para la renovación de sus vocales, elegidos en julio de 2012, cumpliendo así con la legislación.
La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La Presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.
Esta institución se va a unir así al listado de órganos pendientes de acuerdo y cuyo mandato ya ha caducado. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO, PENDIENTE DESDE 2017
De todas ellas, la institución que lleva más tiempo pendiente de renovación el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Las negociaciones entre Gobierno y PP ya encallaron al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.
Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.
EL CGPJ, PENDIENTE DE 2018 Y EL TC DESDE 2019
La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.
También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.
La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.
