Los expedientes de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación del ‘procés’ independentista en Cataluña inciden en que la prisión de todos ellos supone un «claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década».
Así se señala en estos documentos, y que añaden que el Gobierno ha valorado el papel de cada uno de los indultados en la escena política catalana, y su papel en el «devenir de las relaciones entre España y Cataluña»
La propuesta de indulto se dice «muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017», y añade que «quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (…). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban».
No obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, «condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente».
Por ello, el análisis del Gobierno pasa por reflejar «la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y que irradia sus efectos sobre el conjunto de España», así como «la polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia».
Se cita igualmente el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, 2021), según el cual el 44,9% de los encuestados manifiesta su voluntad de que Cataluña sea independiente, lo que hay que los partidos políticos con los que se identifican los condenados han obtenido un amplio respaldo electoral en las últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero.
El Ejecutivo reivindica que, en base a la experiencia política de estos últimos años, «el diálogo es la única vía eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la convivencia entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España».
Sin embargo, lamenta que «las políticas basadas en la confrontación intensiva han acabado por erosionar los cauces naturales e institucionales de comunicación, hasta el punto de impedir el necesario diálogo.
En otro de los puntos, Moncloa considera que de la concesión de estos indultos no se deriva «ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia», ni «tampoco merma o debilita el Estado de Derecho, sino que, al contrario, «el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza» porque «solo desde la robustez de un Estado de Derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un mecanismo como el indulto».
REPROCHA AL PP SU INACCIÓN POLÍTICA
Apunta, asimismo, que «existen antecedentes históricos que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo», para precisar que «el último gran acuerdo político transversal en Cataluña fue en 2006 con la aprobación del Estatut» y que desde entonces, a medida que ha aumentado la «confrontación institucional» también lo ha hecho el apoyo al independentismo.
De ello culpa al anterior Ejecutivo del PP porque «eludió cualquier acción política y dejó en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad». «Ese planteamiento sirvió para mostrar la fortaleza del Estado de Derecho, pero no para restaurar la desafección de una parte muy importante de la sociedad catalana. Los datos de opinión pública lo evidencian», mantiene.
EL TS Y FISCALIA NO INDIVIDUALIZARON
Los expedientes recuerdan que en los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía en la ausencia de arrepentimiento, de dilaciones y de desproporción de la pena en su día impuesta, y reprochan a ambas instituciones que ninguno de estos documentos realizara un análisis individualizado de cada condenado ni tampoco un examen integral del conjunto de razones de utilidad pública concurrentes.
Frente a ello, los expedientes apuntan que la motivación y la perspectiva política y social que, sin duda, ha de manejar el Gobierno para la toma de su decisión -muy especialmente en este caso- no han estado presentes en la valoración realizada por el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
El criterio que se utiliza por lo tanto es el de utilidad pública, que el mismo documento reconoce que es un concepto «abierto, indeterminado y de naturaleza esencialmente política». Es por tanto al Poder Ejecutivo al que corresponde, en un modelo de separación de poderes, valorar la conveniencia política de su aplicación en cada caso concreto, subrayan los expedientes.
ANTECEDENTES DE INDULTOS POR UTILIDAD PÚBLICA
Entre los antecedentes de indultos por razones de utilidad pública, el documento cita a los concedidos a los autores del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o a miembros de la banda armada «Terra Lliure», decididos por Gobiernos anteriores. En la misma línea se acordó en el año 2000 el indulto a 1325 personas con motivo del año jubileo.
En este caso, dichas razones son «la excepcional situación de Cataluña y la acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España».
También tiene en cuenta el Gobierno que ha sido muy notorio el posicionamiento a favor o en contra de los argumentos expuestos en estos informes por parte de los principales partidos políticos, así como por destacadas personalidades de la academia, la política y la cultura.
«El debate público suscitado es un claro reflejo de la trascendencia política del caso y evidencia la existencia de intereses generales en juego que van más allá de la situación jurídica del condenado», añade.
YA HAN CUMPLIDO CÁRCEL
Además, se incide que cada uno de los presos del procés han cumplido ya un tiempo de privación de libertad, un efecto que no se pretende borrar con el indulto ya que persiste el delito y en caso de reiteración delictiva lleva consigo la apreciación de antecedentes penales.
Destaca también que no han vuelto a instigar o a cometer ningún acto de semejante significado y los informes de conducta evidencian «su mínimo riesgo de reincidencia» y la respuesta positiva que han tenido en los diferentes permisos otorgados. Inciden en que estos indultos no se extienden a la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados y aseveran que esto «permite asegurar sus fines de prevención general y especial».
Asimismo, explica que aunque esta medida genera incomprensión en parte de la sociedad, algo que la propuesta «reconoce y valora», el Gobierno subraya que es una decisión «difícil» que se adopta con «responsabilidad y convicción».
«Posiblemente sería más sencillo para el Gobierno no concederlo, pero, en ese caso, estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que pretendemos favorecer con esta decisión», concluyen.
