La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha decidido mantener en el cargo de director general de Administración Local y Despoblación a pesar de que la condena que ha recibido un Ayuntamiento por la actuación del consistorio contra un inmigrante en situación irregular.
El PSN-PSOE ha asegurado que «respalda» a Jesús María Rodríguez, que ejercía como alcalde del municipio de Ribaforada cuando funcionarios públicos se pusieron en contacto con el senegalés Modou Khadim para hablar de la situación de su empadronamiento.
Modou Khadim, que se dedicaba a la venta ambulante, compartía una habitación en la localidad navarra y enviaba todos los meses dinero a su familia, no sabía que el Ayuntamiento, compinchado con la Policía Nacional, lo había citado para que fuera detenido y deportado del país, como así sucedió.
Tres años han pasado de este escándalo y ha sido la Agencia Española de Protección de Datos la que ha condeado al Ayuntamiento de Ribaforada por su «falta de lealtad» a la hora de usar la información personal del ciudadano africano, que sufrió el «uso ilícito» para ser expulsado del país.
El Defensor del Pueblo ya aseguró hace dos años que la actuación del consistorio no era «ajustada a Derecho, puesto que se citó al interesado en dependencias municipales con el pretexto ficticio de realizar gestiones para su empadronamiento, pese a que el fin pretendido era su detención por agentes policiales para su expulsión».
Enfado de varias ONG
Senegaleses de Ribera, Médicos del Mundo Navarra, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa han denunciado la citada «actuación perversa, injusta e ilegítima, que tuvo un impacto sobre toda la sociedad, al convertir a una entidad local en cómplice directa de uno de los mecanismos más atroces del Racismo Institucional, como son las expulsiones exprés».
«La versión del Ayuntamiento nunca fue creíble, recordemos que el entonces alcalde, defendía su actuación amparándose en la colaboración con otra administración, queremos manifestar que en ningún caso podría considerarse esta actuación como ‘colaboración necesaria entre administraciones”’ sino todo lo contrario, frente a leyes tan injustas como la de Extranjería no cabe colaboración alguna que no vulnere de manera directa o indirecta derechos fundamentales de las personas», añaden.
Las ONG han lanzado varias preguntas en público: «¿Qué va a hacer el Ayuntamiento o el Gobierno foral para restituirlos (los derechos del ciudadano expulsado)? ¿cómo va a reparar el daño causado? ¿Qué mecanismos se van a poner en marcha para que este tipo de sucesos no vuelvan a producirse?».
También se preguntan «si el Gobierno de Navarra va a mantener en un puesto político a una persona que, siendo alcalde, actuó de forma ‘ilícita’ y con ‘falta de lealtad’ hacia un vecino de su municipio; Gobierno que, a pesar de ello, le nombró director general, además, de Administración Local».
Estos colectivos denuncian que «nuestros pueblos y barrios siguen plagados de fronteras invisibles en forma de controles de identidad racistas, las diversas policías presentes en Navarra siguen entregando citaciones trampa, ejerciendo un control social a través de la discriminación y el miedo a la detención y/o deportación, mecanismos de violencia institucional con los que se pretende justificar la vulneración de derechos«.
Y afirman que «la igualdad de derechos y el reconocimiento pleno de la diversidad como la base sobre la que construir una sociedad en la que todas las personas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida desde la dignidad, y por eso desde nuestros colectivos seguimos construyendo redes de solidaridad y apoyo mutuo, como alternativa a un sistema centrado en categorizar personas y mantener privilegios, frente a ello, nos seguimos organizando y defendiendo».
