El Gobierno se ha remitido a las «investigaciones judicializadas» sobre las cartas con balas en una respuesta parlamentaria en la que Vox se interesaba sobre precedentes y las medidas de seguridad que anunció el Ministerio del Interior hace dos meses, cuando en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid varios cargos recibieron sobres con amenazas.
En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo no ofrece detalles sobre las investigaciones anunciadas tras las denuncias –que marcaron el final de campaña– tramitadas por algunos de los amenazados desde el 21 de abril, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exlíder de Unidas Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
En sus preguntas, Vox se interesó por las «medidas necesarias y precisas indicadas por el Ministerio del Interior encaminadas a garantizar la seguridad de los destinatarios de las misivas amenazadoras», así como la «entidad encargada de la seguridad» y si durante la presente Legislatura se han recibido otras amenazas de este tipo.
PRECEDENTE DE AMENAZA POR CORREO
«Durante la presente Legislatura», contesta el Gobierno en un texto con fecha de 3 de junio, «no se ha recibido ninguna carta similar a las que se hace referencia en la exposición de motivos, no obstante, sí se han recibido diversas amenazas, realizadas por diferentes métodos».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que, de todas estas amenazas, hubo «una remitida mediante correo electrónico» que, «debido a su naturaleza, fue remitida a la Comisaría General de Policía Judicial, y el resto fueron remitidas a la Comisaría General de Información, en ambos casos para su investigación y análisis».
Sobre las cartas con balas que recibieron otras personalidades públicas durante la pasada campaña electoral de Madrid, entre ellas la reelegida presidenta, Isabel Díaz Ayuso, o la ministra Reyes Maroto, el Gobierno añade que se han realizado las «averiguaciones necesarias al objeto de determinar lo sucedido, en el ámbito de la seguridad, encontrándose las investigaciones judicializadas».
EN CONSTANTE REVISIÓN
«La seguridad de toda personalidad sometida a protección está en constante revisión, adaptándose constantemente al nivel de riesgo que en cada momento se determine», prosigue el Ejecutivo, que indica que es la Subdirección General de la Oficialía Mayor la que se encarga de las cuestiones de seguridad, vigilancia y conservación de los edificios públicos.
En concreto, es el Área de Seguridad de esta Oficialía Mayor de la que depende una dotación de la Policía Nacional de la Unidad Central de Protección (Brigada Central de Escoltas) de la Comisaría Genera lde Seguridad Ciudadana, que presta servicio en todos los edificios de los servicios centrales del Ministerio, a excepción de aquellos en que lo realiza la Guardia Civil.
En el caso de la Guardia Civil, la dotación pertenece a la Unidad de Protección y Seguridad (U.P.R.O.S.E ), que presta servicio en los edificios de la sede central de la Secretaría de Estado de Seguridad y en la sede y residencia del Ministro del Interior. En otras dependencias oficiales también puede haber apoyo de seguridad privada.
