El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantendrán este lunes en Bruselas un primer encuentro que les servirá para conocerse y sentar las bases de lo que en Moncloa esperan que pueda ser una estrecha relación personal, dada la convergencia en muchos temas.
La reunión será el primer contacto entre ambos, ya que Biden no ha llamado a Sánchez como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.
Este hecho no ha sido pasado por alto por la oposición, que con el PP a la cabeza, han echado en cara en repetidas ocasiones la falta de interlocución del Gobierno con Washington y su pérdida de relevancia en la escena internacional.
Desde el Gobierno se ha venido defendiendo en todo momento que no había ningún problema con Washington y que la relación entre los dos países era fuerte y fluida. Si la llamada no se había producido, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a finales de abril, era porque Biden estaba «volcado en su agenda doméstica», limitando sus contactos con los líderes de otros países «a lo que es más urgente o imprescindible».
Así las cosas, Sánchez tuvo este viernes palabras de elogio para quien será su interlocutor, resaltando que en unos meses se ha convertido en una «referencia mundial» principalmente porque ha permitido superar «mucha de la confrontación» que sembró su antecesor, Donald Trump.
En este sentido, el presidente del Gobierno puso en valor que ambos gobiernos comparten «agenda progresista y verde» y confió que el encuentro supondrá «una muy buena oportunidad para conocernos, hablar por primera vez y seguir estrechando los muy positivos lazos que tenemos entre España y Estados Unidos».
MARRUECOS Y EL SÁHARA
El encuentro se produce con la tensión con Marruecos como telón de fondo. Como finalmente ha terminado reconociendo Rabat, la crisis diplomática entre los dos países tiene que ver con el Sáhara Occidental y no con la acogida por motivos humanitarios del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España para tratarse de COVID-19.
Marruecos quiere que España siga los pasos de Estados Unidos, que con Donald Trump aún al frente anunció el pasado 10 de diciembre el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, como contrapartida a que el reino restableciera relaciones con Israel.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no ha alterado por el momento esa postura, lo que parece haber alentado a Rabat a presionar a otros países a que les emulen, como es también el caso de Alemania.
Washington ha reafirmado en estos últimos meses la importancia que confiere a su relación con el país norteafricano. Así, el plena entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 18 de mayo, Blinken habló con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, reconociendo a Rabat un «papel clave» para «fomentar la estabilidad en la región».
Esta misma semana, desde el Departamento de Estado se ha vuelto a hablar de la crisis entre España y Marruecos y también del reconocimiento del Sáhara como marroquí, sin que se constaten cambios más allá de que su portavoz, Ned Price, dijera que no hay «continuidad» sino «profundas diferencias» con la Administración anterior.
No obstante, Price insistió en que Estados Unidos «es socio» tanto de España como de Marruecos, evitando pues pronunciarse sobre la crisis entre ambos, y aseguró que «no hay nada que añadir» respecto al reconocimiento del Sáhara.
La solidez de la relación entre Washington y Rabat también ha quedado confirmada por la celebración en Marruecos –junto a Senegal y Túnez– de las maniobras militares Africa Lion 21, las principales que lleva a cabo en el continente el Mando para África estadounidense. Pese a ciertas informaciones que apuntaban a que una parte trascurriría en el Sáhara Occidental, finalmente este extremo quedó desmentido.
ARANCELES A PRODUCTOS ESPAÑOLES
Por otra parte, el 15 de mayo Estados Unidos anunció la imposición de un arancel adicional del 25 por ciento a una serie de productos españoles tras llegar a la conclusión de que la tasa sobre servicios digitales aprobada por España resulta discriminatoria y perjudica los intereses comerciales estadounidenses.
Entre los productos que se verían afectados destacan los de marroquinería como cinturones y bolsos, así como el calzado, la cristalería de interior, gambas, camarones, langostinos o pulpo congelado.
No obstante, Washington decidió suspender su aplicación por 180 días para dar tiempo a las negociaciones sobre fiscalidad internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una decisión que celebró el Gobierno español, confiando en que dicha negociación culmine con éxito y la suspensión pueda ser definitiva.
ATAQUES A LA PRENSA POR EL GOBIERNO
Otro punto de un cierto desencuentro entre los dos países tuvo lugar a finales de marzo, a raíz de la publicación del informe sobre la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial que elabora anualmente el Departamento de Estado.
En él, entre otras cosas, se alertaba de los «múltiples» ataques verbales del Gobierno de España a «determinados medios de comunicación y periodistas específicos. También advertía de los «repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox».
Entre los ataques que detallaba figuraba el del 1 de marzo de 2020, cuando Sánchez acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» cada vez que «los conservadores pierden una elección», y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesia afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo».
Asimismo, el documento afirmaba que la corrupción «es un problema en el país», con casos que «cruzan las fronteras partidistas, regionales y municipales» y una acumulación «significativa», a pesar de que «los tribunales han continuado procesándolos independientemente de la presión política».
El Gobierno restó importancia al informe –al que por contra han recurrido frecuentemente sobre todo los partidos independentistas en el Parlamento–, reivindicando que España es una democracia y que en ningún momento el documento señala que se cometan abusos de los Derechos Humanos.
La ministra de Exteriores defendió que los políticos también tienen derecho a la libertad de expresión. «Hacer un comentario donde se cuestiona o se pone en valor lo que uno siente no es correcto no debe entenderse como un ataque porque entonces no tenemos libertad de expresión», reivindicó.
