El secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González-Barba, ha asegurado este jueves en Ceuta que el Gobierno «está considerando» la posibilidad de «que se suprima el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen», una excepcionalidad que permite a los residentes en las provincias de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente.
«De esa forma el control fronterizo pasaría a estar en el paso con Marruecos» y no en el puerto, ha explicado en declaraciones a los medios González-Barba, quien ha advertido que se trata de «un asunto de enorme calado que precisa del máximo consenso tanto en la ciudad como entre las fuerzas políticas nacionales».
Tal y como ha detallado, los «gravísimos» acontecimientos registrados a mediados de mayo, cuando el Reino alauita consintió la entrada irregular en la localidad española de alrededor de 12.000 personas durante 48 horas, son las que han llevado al Ejecutivo central a plantearse dar ese «paso».
González-Barba ha sometido a la concreción de «cuál es el nuevo modelo económico que se quiere para Ceuta» la posibilidad de solicitar a la UE la entrada de la ciudad autónoma en la Unión Aduanera europea y las condiciones de actualización y reforma de su Régimen Económico y Fiscal (REF) especial.
No obstante, el secretario de Estado ha querido dejar claro que «esto no quiere decir que España renuncie a que la prosperidad de Ceuta pueda ir ligada a la del territorio marroquí más próximo, la Wilaya de Tetuán, como se quiere hacer con Gibraltar y su entorno».
El secretario de Estado para la UE y su homólogo de Política Territorial, Víctor Francos, se han reunido durante su visita a Ceuta con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), que hace más de un año planteó formalmente la necesidad de apostar por «un futuro más estable y seguro» con una receta basada en el principio de «más España y más Europa.
Entre sus propuestas concretas en esa línea ya planteó la conveniencia de «revisar» la actual excepción al Tratado de Schengen para «reducir la presión migratoria y su impacto sobre determinados servicios y ámbitos (área de Menores, Sanidad, Educación, Puerto); mejorar la eficacia en la contención de dicha inmigración; y lograr que sean las autoridades españolas y no las marroquíes las que decidan quién entra en Ceuta».
