La Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que prepara el Gobierno y que previsiblemente se aprobará a finales de este año o principios de 2022, considerará como familia numerosa a aquellas con un solo progenitor o progenitora y dos menores, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
«Esta ley considerará por fin como familia numerosa a aquellas formadas por un solo progenitor o progenitora y dos niños o niñas. Esta ley tendrá en cuenta la gravísima situación de vulnerabilidad y exclusión a la que se enfrentan muchas familias monoparentales en nuestro país, que son más bien monomarentales (al estar el 80% encabezadas por una mujer)», ha avanzado Belarra este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el Congreso de los Diputados.
La ministra ha asegurado que en este país hay «muchas mujeres que, ante una dejación de funciones flagrante por parte de los padres de sus hijos e hijas o por decisión propia, deben asumir en solitario la crianza», una «sobrecarga» que, según ha añadido, se suma a la que ya sufren las mujeres «asumiendo una parte central de los cuidados» en sus casas y familias.
Según Belarra, se trata de «madres que tienen que hacer malabarismos para cuadrar sus horarios de trabajo con los de la escuela infantil, que a duras penas llegan a fin de mes, que temen quedarse en el paro, que llegan desfallecidas al final del día» y que «no están recibiendo el apoyo de las instituciones públicas». «Eso lo vamos a revertir», ha asegurado.
Asimismo, la ministra ha apostado por incluir en la Ley de Diversidad Familiar una prestación por crianza de hijos para familias en riesgo de pobreza que no cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según precisan fuentes del departamento, la idea es que esta prestación vaya dirigida a aquellos hogares que teniendo bajos ingresos no cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que abra la puerta, a medio o largo plazo, a explorar la posibilidad de una prestación universal.
La ministra ha precisado que esta medida, ya presente en otros países del entorno, como Irlanda, «ha destacado por su gran capacidad para reducir los índices de pobreza infantil». Según ha recordado, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión en familias con dos personas adultas aumenta en casi cinco porcentuales cuando tienen niños o niñas (de un 20,3% a un 25,2%); y se dispara desde un 26,1% hasta un 46,8% en el caso de que haya solo una persona adulta.
Belarra también se ha referido a la recientemente aprobada ley de protección a la infancia y, entre otros pasos que se deben dar para desplegarla, ha asegurado ya están trabajando con el Ministerio de Justicia para modificar las leyes necesarias para la especialización en infancia de los juzgados y de los fiscales.
840.000 EUROS PARA CONSTRUIR SALAS AMIGABLES EN JUZGADOS
Además, ha precisado que se destinarán 840.000 euros a la construcción de «salas amigables» en los juzgados, donde se pueda tomar declaración a los niños y generar la prueba preconstituida para no revictimizarlos. Asimismo, ha añadido que otra «buena parte» de la inversión será para el refuerzo de los equipos de servicios sociales. En cuanto a la Estrategia para la erradicación de la violencia, la ministra se ha marcado el mes de marzo de 2022 para tenerla lista.
Por otro lado, ha anunciado que están trabajando en el examen periódico del comité de derechos de la infancia al que España se va a presentar en 2022; y participarán, a propuesta de Francia, en una declaración sobre los derechos de la infancia en el entorno digital.
200 MILLONES PARA PROMOVER LAS COMPETENCIAS DIGITALES
Precisamente, sobre el ámbito digital, la ministra ha indicado que, junto al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil van a inyectar 200 millones de euros para promover las competencias digitales de la infancia en España.
También ha avanzado que están trabajando con el Ministerio de Sanidad para que la estrategia en salud mental tenga un capítulo destinado a la infancia y la adolescencia.
Durante el turno de portavoces, el diputado del PSOE Omar Anguita, ha reivindicado la lucha contra la «estigmatización» de determinados colectivos vulnerables y contra «los discursos de odio» como el que se dio, a su juicio, con la campaña «xenófoba» de Vox.
Por su parte, la diputada del PP María de la O Redondo ha celebrado que la ministra tenga en mente una prestación por crianza para las familias que no hayan podido acceder al IMV que, a su juicio, «ha sido un fiasco».
Mientras, el diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha afeado la actuación del Gobierno con respecto al caso de las menores tuteladas víctimas de abusos en Baleares y, con respecto a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ha advertido de que los traslados de menores a la Península pueden suponer «un gravísimo efecto llamada para miles de jóvenes».
Para la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, el Gobierno está dando «ejemplo» en materia de protección a la infancia y ha pedido «a la derecha» que «tome nota» porque «cuando gobiernan, sus grandes propuestas son el Pin Parental o poner el himno de España en las aulas».
DEVOLUCIONES EN CALIENTE DE MENORES
La diputada de ERC, María Carvalho Dantas, considera que no se puede hablar de protección de la infancia sin garantizar «la regularización de más de 147.000 niños migrantes sin papeles», sin prohibir los desahucios de familias con hijos, sin aprobar una ley trans, y sin impedir «las devoluciones en caliente» que, según ha denunciado, se han producido en los últimos días en Ceuta.
Precisamente, en este sentido, Belarra ha admitido que «no siempre» se ha ofrecido una atención «de acuerdo a los derechos de la infancia» durante la crisis migratoria en Ceuta, aunque ha defendido que desde su departamento han llevado «al límite» sus competencias para resolver la situación de estos menores.
«Como en toda crisis, se han cometido errores, siempre hay muchísimas cosas que mejorar, pero humildemente este Ministerio, dentro de sus competencias, se ha puesto a la cabeza para resolver los problemas de los niños y niñas, intentando llevar hasta el límite nuestras competencias para poder asegurar que la atención que se daba a esos niños era de acuerdo a los derechos de la infancia, a pesar de que soy consciente de que no siempre ha sido así», ha reconocido la ministra.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha criticado que, más allá de la primera acogida de estos menores migrantes «no hay un buen itinerario» para que estos niños y adolescentes tengan, al cumplir los 18 años, «salidas educativas y laborales». También ha lamentado el «resultado insuficiente» del IMV y ha pedido que la prestación por crianza se ponga en marcha lo más pronto posible.
El diputado de PNV Íñigo Barandiarán también se ha referido al «notable incremento» de llegadas de menores migrantes solos y ha subrayado la necesidad de establecer «mecanismos permanentes» para atender estas situaciones, algo en lo que, según Belarra, ya están trabajando con las comunidades autónomas.
Finalmente, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca se ha mostrado «escéptico» con las medidas anunciadas por Belarra y ha pedido «ayudas directas» para las familias con el objetivo de «reactivar la natalidad en España» ante el «declive demográfico». También se ha mostrado muy crítico con la actuación del Gobierno sobre las menores tuteladas de Baleares víctimas de abusos, y la ministra le ha pedido que «no utilice a las víctimas como arma arrojadiza».
Al igual que ya hizo en una comisión anterior, la ministra Ione Belarra ha contestado a todos los grupos, uno por uno, excepto al diputado de Vox, algo que este le ha reprochado.
