La organización Human Rights Watch (HRW) ha lamentado este jueves la «oportunidad perdida» por España para avanzar en derechos, después de que el Pleno del Congreso no aprobara este martes –con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE– la toma en consideración de la Ley Trans.
Esta entidad califica de «emblemática» la norma debatida porque elimina la exigencia de un diagnóstico de disforia de género para que las personas trans puedan hacer un cambio registral de su identidad. Tampoco necesitarían dos años de tratamiento hormonal como se pide en la actualidad.
Para el investigador sobre derechos de las personas LGTB de la organización, Cristian González, el proceso actual de España para el reconocimiento de género «es engorroso, inadecuado y está fuera de sintonía con los avances en materia de identidad de género en Europa y otras partes del mundo».
Por eso, considera que el voto en contra del Congreso al trámite de esta ley es un impedimento para el «avance en materia de derechos» y «dignidad de las personas trans y no binarias».
HRW lamenta la decisión del PSOE de abstenerse en este debate, aún más cuando la organización había enviado, el pasado 3 de mayo, una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que «se le instó» a «respaldar el reconocimiento legal del género sobre la base de la autodeterminación». En el texto se le advertía de que «mantener la situación actual con respecto a los documentos oficiales puede constituir una avasallamiento de los derechos humanos».
CONGRUENTE CON LOS DDHH
«Estos incluyen el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión y los derechos relacionados con el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la justicia y la capacidad de circular libremente», explica la carta de HRW.
La entidad defiende que esta iniciativa, así como el texto similar redactado por el Ministerio de Igualdad, son «congruentes con los estándares de los derechos humanos internacionales y regionales» y recuerda la postura sobre este tema recogida en los Principios de Yogyakarta, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros.
Además, ha mostrado su preocupación por el «conflicto político» que se ha generado en torno a este debate y que, señala, ha llegado incluso a provocar «actos vandálicos transfóbicos en los últimos meses».
«La decisión del Congreso de descartar la proposición de ley y mantener el ‘statu quo’ implica que las personas trans y no binarias tendrán que seguir portando documentos de identificación que no se corresponden con su identidad», ha criticado González.
A su juicio, «los legisladores españoles deberían aprovechar la próxima oportunidad que se presente para asegurar que las leyes respeten plenamente los derechos de las personas trans y no binarias que residen en España».
