El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparecerá este miércoles en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados para informar del estado en que se encuentra en plan 2030 para modernizar la administración de justicia, aunque con el trasfondo del debate sobre la necesidad de diseñar un nuevo marco jurídico para luchar contra la pandemia tras el estado de alarma y del persistente bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Campo acudirá a petición propia a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para exponer los progresos que se han hecho en la implementación de Justicia 2030, así como las previsiones de cara al futuro.
Este programa, pensado para un horizonte temporal de diez años, es uno de los buques insignia del Ministerio de Campo. Su objetivo es modernizar, mediante la digitalización y la reestructuración, la administración de justicia para hacerla más eficiente y cercana al ciudadano, según ha explicado el ministro en numerosas ocasiones.
No obstante, se espera que la intervención de Campo esté marcada por la decisión del Gobierno de habilitar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que unifique criterios sobre las medidas que pueden adoptar las comunidades autónomas para frenar el avance del coronavirus una vez finalizado el estado de alarma.
La oposición, así como algunos de los socios del Gobierno, han reclamado a Moncloa que diseñe un marco legal adaptado a la situación surgida tras el 9 de mayo, pero el Ejecutivo lo ha descartado porque –en palabras de Campo– hay un «arsenal normativo» suficiente para combatir la COVID-19.
Otro de los temas que, previsiblemente, centrará la interlocución de los diputados con el ministro es el estancamiento de las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años.
Campo sostiene que el acuerdo está cerrado y solo queda que los ‘populares’ se avengan a hacerlo público, algo que confió que pudiera ocurrir tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, si bien el PP reclama ahora al Gobierno el compromiso parlamentario de que habrá un cambio en el sistema de designación de los doce vocales del turno judicial para que sean elegidos por los propios jueces.
