La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, presentará este martes en el Congreso su examen de la contabilidad de los partidos en la campaña de las generales de noviembre de 2019, que destapó casi un millón de euros de gastos que no tenían la consideración de electoral o que directamente no debieron de haberse hecho.
Para esa campaña las formaciones políticas declararon recursos por un total de 48,99 millones de euros, de los que 21,52 millones procedieron de créditos bancarios, 13,56 millones de adelantos de subvenciones públicas, otros 13,86 millones de aportaciones de los partidos y sólo 38.300,50 euros procedían de aportaciones privadas.
Eso sí, el Tribunal de Cuentas sólo considera como gastos electorales justificados un total de 48,93 millones de euros, de los que 23,62 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y los otros 25,31 millones al envío de propaganda electoral.
Por contra, se detectaron gastos por importe de 531.911,84 euros que no tienen naturaleza electoral, así como 381.706,40 euros que se consideran no permitidos por la ley electoral, otros 5.782,23 euros realizados fuera del plazo legal establecido y 11.645,54 euros con justificación insuficiente.
Todo estos gastos, que suman 931.046 euros, no fueron admitidos por el Tribunal como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, aunque los gastos con justificación insuficiente o no justificados y los gastos no permitidos sí fueron tenidos en cuenta a efectos de computar el cumplimiento del límite máximo de gastos de campaña. Asimismo, se identificaron gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia en una formación política, por 4.946,19 euros.
CONVIENE PRECISAR LA LEY
Así las cosas, la institución recomienda al Legislativo especificar las categorías de los gastos electorales contemplados en la LOREG, así como las imputables a la subvención de los gastos electorales por el envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral.
Además, ve oportuno evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en medios privados a los nuevos soportes de publicidad existentes (prensa digital y otros usos en Internet) para precisar cuáles se incluyen a efectos de comprobar la limitación legal establecida.
Ninguna formación llegó a incumplir el techo de gasto de campaña, pero el Tribunal vuelve a recomendar que ese límite se vincule con el número de electores y no con el numero de habitantes de la circunscripción como se viene haciendo.
Respecto a las operaciones de tesorería, el Tribunal señaló a siete formaciones políticas por realizar pagos, por un importe acumulado de 1,15 millones de euros, con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, incumpliendo lo establecido en la ley electoral.
Además, al acabar la campaña cinco formaciones mantenían deudas con proveedores por un total de 765.665,73 euros sin que ya pudieran disponer de los saldos de las cuentas corrientes abiertas para la campaña.
Por otro lado, once empresas incumplieron su obligación de proporcionar información detallada al Tribunal de Cuentas sobre facturas de más de 10.000 euros expedidas a partidos políticos, lo que supone que no hay información de algo más de un millón de euros.
DARLE UNA VUELTA A LO DEL ‘MAILING’
Por ello, el Tribunal pide a los partidos que indiquen a las empresas que les hayan facturado por más de 10.000 euros que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitar, dentro del plazo límite del que disponen dichas formaciones para presentar la contabilidad electoral.
Por otro lado, un total de 12 formaciones políticas reunieron los requisitos para percibir la subvención específica por el envío de propaganda electoral, el conocido como ‘mailing’, aunque del análisis de la justificación de los envíos se observaron incorrecciones (erratas o letra ilegible), lo que ha conllevado anulaciones y rectificaciones en el proceso de facturación por parte de Correos.
En todo caso, el Tribunal de Cuentas vuelve a pedir que se evalúe «la eficiencia material y económica» de estos envíos de sobres y papeletas teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos en las mesas electorales. Su consejo: buscar un sistema más acorde a las nuevas tecnologías con garantías, que permita reducir costes.
REGULAR LOS MICROCRÉDITOS
También insiste en que hay que regular los microcréditos para, por lo menos, fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, que éstos sean ingresados en las cuentas bancarias electorales y que tengan que ser devueltos antes que de se cumpla un año natural de la celebración de las elecciones para las que se concedieron. Asimsimo, pide que para renunciar a su devolución y que pasen a ser una donación, los prestamistas lo tengan que especificar por escrito.
En su informe desvela que, para la financiación de la campaña de noviembre de 2109, Podemos recibió microcréditos por parte nueve personas que sobrepasaron en un montante total de 60.600 euros el máximo permitido para las aportaciones de fondos a partidos políticos, actualmente fijado en 50.000 euros anuales para las donaciones a partidos procedentes de una misma persona física o jurídica correctamente identificadas y que no sean finalistas ni revocables.
No obstante, el fiscalizador destaca que la formación morada ha justificado haber devuelto todos estos microcréditos así como el montante global de todos los que recibió y que ascendieron a 2.683.419,51 euros
A raíz de esta fisalización, el Tribunal de Cuentas propuso recortar en 72.600 euros la subvención electoral a Vox por al haber computado como gasto electoral la mitad de esa cantidad, pese a que se utilizó para la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada, contraviniendo lo previsto en la Ley Electoral.
PUBLICIDAD EN TELES PRIVADAS
Según detalla, la formación de Santiago Abascal invirtió 36.300 euros para la contratación de anuncios en emisoras de televisión privada. Por eso, propone reducir la subvención electoral que corresponde al partido «en el doble de los gastos declarados», es decir, un recorte de 72.600 euros que aplicará el Ministerio del Interior cuando abone las ayudas a los partidos con representación parlamentaria.
Además de los 36.300 euros invertidos en los anuncios en televisiones privadas, Vox dedicó 30.203,85 euros al pago de publicidad en prensa, radio u otros medios digitales para anuncios realizados antes del inicio de la campaña electoral, lo que no está permitido por el artículo 53 de la LOREG.
Todos esos gastos, que suman 66.503,85 euros, por tanto se consideran «no subvencionables», aunque el tribunal sí los ha tenido en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite máximo de gastos.
