El vigilante Juan José «se encuentra mal» y «apartado» por orden de Correos del servicio. Por sus ojos pasaron los cartuchos de 7,62 mm enviados a Pablo Iglesias, candidato de Podemos a las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; y María Gámez, directora de la Guardia Civil.
Sus compañeros esperan que sea readmitido de nuevo para dar servicio en Correos. Fuentes sindicales, por su parte, han comentado a MONCLOA.com, que habrá que esperar a la investigación, aunque consideran que Juan José ha sido un cabeza de turco en toda esta historia. «Se le repondrá«, han señalado.
A juicio de las fuentes consultadas por este medio, pasan miles de paquetes por los ojos de un vigilante en Correos. En concreto, han indicado que estos efectivos de seguridad están ahora bajo el foco, pero la realidad es que están «bajo una gran presión» debido a los recortes impuestos a este grupo de empleados encargados de los escáneres. Todo, para conseguir ingresar un plus de 30 euros al mes, frente a los 200 euros mensuales que perciben los vigilantes de seguridad en los escáneres del aeropuerto. Si el turno es de 40 horas semanales, el vigilante del escáner le corresponden exactamente 0,187 euros por hora delante de la pantalla.
PAQUETE TRAMPAR PARA ‘PILLAR’ A LOS AGENTES
Estos agentes de vigilancia realizan turnos de entre seis, ocho y doce horas. Los dos primeros turnos no se pueden mover del sitio, y el cansancio acumulado hace mella. En el más largo, sí hay descanso, según especifican las fuentes consultadas.
La presión y tensión en este puesto de trabajo es diaria. De hecho, cada cierto tiempo se introducen paquetes falsos a propósito para detectar fallos en los escáneres. Como si de un carnet por puntos se tratara, a cada vigilante se le restan por cada paquete no detectado, con la obligación de realizar un curso de reciclaje una vez carecen del mínimo establecido.
Para los sindicatos consultados de INV Vigilancia, la empresa contratada por Correos en el centro logístico de Vallecas, la empresa semipública dirigida por Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez, exige y realiza «muchos» recortes. De hecho, la situación es tal que «ningún vigilante aspira ahora a controlar el escáner, y los que están esperan un cambio de destino. Se quieren ir de este puesto», han afirmado las fuentes.
LOS SINDICATOS UGT Y VOX ARROPAN A J.J.
Asimismo, diversos sindicatos han tratado de contactar con este vigilante para darle cobertura legal y psicológica tras el señalamiento público de Correos, que no ha esperado ni a la investigación policial ni judicial para buscar culpables. Los protocolos en Correos no se han modificado en asuntos de vigilancia en los últimos 12 años, pese al auge de los envíos por las compras online. Las fuentes consultadas consideran que habría que renovarlos y dejan dudas sobre si los fallos en la nula detección de las amenazas a políticos en plena campaña electoral se deben exclusivamente a la actuación de los vigilantes.
Solidaridad, el sindicato nacido bajo el paraguas de Vox y dirigido por Rodrigo Alonso, trata de contactar con Juan José L.F., el vigilante de seguridad encargado de controlar el escáner por el que pasaron las cartas amenazantes contra Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez.
«Aún no hemos podido contactar con él», afirman fuentes internas del sindicato a MONCLOA.com. Los de Rodrigo Alonso le ofrecen todo tipo de cobertura legal y atención psicológica si así lo precisara Juan José, que vive el peor momento laboral de su vida. De hecho, ha sido señalado directamente por Correos, pese a no realizarse aún una instrucción judicial.
Solidaridad sí ha conseguido, por el momento, hablar con algunos empleados de la oficina de Correos en Vallecas, desde donde supuestamente se enviaron las amenazas con los cartuchos del calibre 7,62 mm, usados en armas de guerra, como ametralladoras MG 3 y MG 42, dos armas capaces de disparar 1.200 veces en un sólo minuto.
CORREOS EXIGIÓ APARTAR AL VIGILANTE
Desde el mismo día en el que se conocieron las amenazas, Correos exigió apartar al vigilante, además de abrir un expediente a la subcontrata. Todo por no haber detectado ninguna de las tres cartas, que según la imagen del escáner aparecen juntas. Los tres sobres fueron inspeccionados y tenían el matasellos «sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos».
LA IMAGEN DE CORREOS, EN ENTREDICHO
Para la empresa pública, se trataba de un «incumplimiento muy grave» del contrato, más con España en nivel alerta 4 antiterrorista. De hecho, el contrato indica claramente la sanción por «la no detección de un artefacto explosivo, o de un envío cuya circulación por el correo no esté permitida, y que cause daños o perjuicios al patrimonio, a la imagen o al buen nombre de Correos».
«La empresa adjudicataria debe velar por que el personal que participa en los servicios de inspección de la correspondencia cuenta con una cause daños o perjuicios al patrimonio, a la imagen o al buen nombre de Correos», se indica en el contrato. La imagen de Correos está dañada, pero aún falta por identificar al autor de las amenazas y las pesquisas policiales.
LAS AMENAZAS ENTRAN EN CAMPAÑA
Vox se ha sumado a las denuncias presentadas y trata de ser acusación popular en este embrollo. El partido de Santiago Abascal no cree en este Gobierno, pero ha condenado la violencia. Las palabras de Rocío monasterio, la candidata de la formación a las elecciones del 4-M, han sentado como un jarro de agua fría a la izquierda.
«Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente«, dijo Monasterio. «De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado», ha afirmado.
Estas declaraciones enervaron al exvicepresidente del Gobierno y abandonó el debate de la Ser. Es la primera vez que se utiliza en campaña electoral las ya más que habituales supuestas amenazas a políticos, la mayoría de ellas sin que salten las alarmas. De hecho, según fuentes policiales consultadas por este medio, son cientos las cartas sospechosas que se reciben a diario en las instituciones de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Ministerios e incluso La Moncloa, donde el buzón del ciudadanos también
