La proposición de ley presentada por el PSOE para operar la última reforma en la ley del Registro Civil antes de que entre en vigor, el 30 de abril, ha recabado un «amplio consenso» entre los grupos parlamentarios del Senado, del que solo se ha desmarcado Vox, si bien tanto sus socios como la oposición han recriminado a los socialistas la prisa con la que pasan sus iniciativas legislativas por la Cámara Alta.
Se espera así que el Pleno del Senado apruebe de forma definitiva la reforma del Registro Civil, en la línea de la Comisión de Justicia, que el pasado 16 de abril ratificó el texto enviado por el Congreso, de donde ya salió con gran respaldo de las fuerzas políticas.
Se trata de una reforma ‘in extremis’ porque llegará apenas dos días antes de que la ley del Registro Civil aprobada en 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero surta efecto, una entrada en vigor que se ha ido posponiendo sucesivamente hasta este viernes.
El senador socialista Joan Lerma ha explicado que esta modificación legal «implica la implantación de un Registro Civil único para toda España, accesible electrónicamente y cuya llevanza corresponderá a funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el Poder Judicial», siendo éste el principal cambio: que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) reemplazarán a los jueces como encargados de estas oficinas.
Su compañera María Victoria de Pablo lo ha definido como un modelo de Registro Civil «único, público y gratuito» que está «orientado a las personas» y «gestionado por empleados públicos» de la administración de justicia pero «desjudicializado», destacando que «garantiza la cohesión territorial e igualdad», algo «básico» para la España rural.
De Pablo ha defendido que «es una buena ley» y ha agradecido a los grupos parlamentarios su «colaboración» para sacarla adelante, ratificando el compromiso asumido en la ponencia de la Comisión de Justicia para solicitar al Gobierno que sopese incluir en futuras iniciativas legislativas las enmiendas «sensatas» que han presentado las distintas fuerzas políticas y no ha dado tiempo a estudiar.
UN REGISTRO CIVIL «FRACCIONADO EN 17»
De esas enmiendas ha excluido las planteadas por Vox, de las que la senadora socialista ha dicho que buscan «volver a la España de 1957», cuando se aprobó la primera ley del Registro Civil.
El senador de Vox, José Manuel Marín Gascón, ha sido el único interviniente que ha rechazado la proposición de ley al considerar que «la ley del 2011 no mejora sino que empeora con la modificación» propuesta. A su juicio, realiza una «definición esperpéntica» que anticiparía «un Registro Civil fraccionado en 17 modelos autonómicos», algo contra lo que se ha rebelado: «Es y debe ser único como la nación a la que sirve».
Marín Gascón también ha criticado que se otorgue el control a los LAJ pero les sigan «maltratando» al establecer la libre designación de las plazas de encargado de las oficinas del Registro Civil para que las comunidades autónomas «metan la mano» y que, al mismo tiempo, se mantenga «arbitrariamente» en determinadas circunstancias a algunos jueces al frente de las mismas.
«No cabe, en la lógica constitucional, que un integrante del Poder Judicial pase a servir en una plaza de funcionario bajo las órdenes directas del Poder Ejecutivo, esto es la muerte de la separación de poderes», ha sentenciado.
LAS «PRISAS» DEL PSOE
Por su parte, el Partido Popular, Ciudadanos, PNV, ERC, Junts, Compromís o el Partido Aragonés se han mostrado «satisfechos» con la proposición de ley en líneas generales, aunque en su mayoría han acompañado este ‘placet’ con una crítica al grupo socialista por la forma en que se ha tramitado.
«Por fin se va a ver la luz al final del túnel y los españoles vamos a tener un modelo de Registro Civil acorde a la realidad social y tecnológica de nuestro país», ha celebrado la senadora ‘popular’ María Teresa Martín Pozo, apostillando no obstante que el PSOE se ha limitado a «calcar» propuestas anteriores del PP, aunque «con un toque personal, con algunas concesiones a sus socios independentistas y comunistas» que –ha señalado– se han enmendado en el Congreso.
Además, ha lamentado que no se hayan admitido dos enmiendas del PP para que los LAJ cobren lo mismo que venían cobrando los jueces que hasta ahora estaban a cargo de las oficinas del Registro Civil y para que los jueces que así lo deseen puedan continuar en ese puesto, que a su salida pasaría a manos de los LAJ conforme al nuevo diseño.
Y ello, ha afeado al PSOE, «porque han traído una proposición de ley sin tiempo material para un debate sosegado en esta Cámara para mejorar el texto de la ley con las enmiendas, muchas acertadas». «Otro ejemplo del ‘modus operandi’ del PSOE para limitar las funciones de esta Cámara como cámara de segunda lectura», ha deslizado.
La crítica más contundente en este sentido ha sido la del senador de Compromís Carles Mulet, que ha vuelto a exponer su «malestar» por lo que ve como un veto a la función de segunda lectura del Senado porque «hay prisa», denunciando que se trata de una «dinámica» en la que se concibe a la Cámara Alta para ventilar trámites, lo que ha tachado como «una falta de respeto gravísima» para la sede parlamentaria, sus grupos y los ciudadanos a los que representan.
MENSAJE DE ERC AL GOBIERNO
Desde el independentismo catalán, Assumpció Castellví (Junts) también ha echado en cara al PSOE «una dinámica» que haría de la labor legislativa del Senado «un puro trámite sin posibilidad de mejorar la mayoría de las iniciativas legislativas» que aborda.
En la misma línea, la senadora de ERC Laura Castel ha expresado su deseo de que la recomendación para que el Gobierno incorpore las enmiendas descartadas en otros proyectos legislativos sea interpretada por el Ejecutivo como «un mandato».
Castel ha aprovechado además para enviar un mensaje a Moncloa a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que estaba presente en el Pleno del Senado. Así, le ha recordado que el Gobierno ha asumido «compromisos» igualmente respecto a la «ley mordaza» y la reforma laboral.
«Y, el tema de los indultos, a ver si se cumple», ha añadido, sobre los solicitados a favor de los condenados por el ‘procès’, que aún están en trámite, apuntando a renglón seguido a la reforma del Código Penal para urgir al Ejecutivo a eliminar los delitos de sedición y rebelión y despenalizar las injurias.
Nosotros cumplimos nuestros compromisos, cumplan ustedes con los suyos y así igual conseguimos una democracia que sea consolidada y homologable a los estados miembros del Consejo de Europa«, ha espetado, subrayando a Moncloa que «son una mayoría-minoría.
SIN INFORMES TÉCNICOS
Por otro lado, Imanol Landa, del PNV, aunque ha resaltado el «amplio acuerdo entre fuerzas diversas» para obrar la reforma del Registro Civil, ha recriminado al PSOE el «abuso constante» de la fórmula de la proposición de ley, que «hurta» al Parlamento de los informes preceptivos de los órganos técnicos.
El senador de Ciudadanos Miguel Sánchez López ha avalado igualmente esta «necesaria» reforma, pero llamando la atención sobre el hecho de que «se haya llegado a semejante retraso respecto a un asunto y un órgano tan crucial», que las enmiendas se hayan rechazado y que se haya escogido la vía de la proposición de ley para esquivar dichos informes.
El socialista Fernando López Gil ha respondido a estos reproches ensalzando la reforma como «fruto del consenso de todas las fuerzas en toda su tramitación» y disculpando la urgencia por la inminente entrada en vigor de la ley del Registro Civil. «Hemos llevado el diálogo hasta donde nos ha permitido la fecha tope», ha sostenido.
