La Mesa del Parlamento de Canarias ha admitido a trámite las candidaturas presentadas por los grupos de la Cámara para la conformación de la Junta de Control y Dirección General de Radio Televisión Canaria (RTVC), según ha informado la cámara regional.
Durante la sesión de trabajo de este jueves, en la que el presidente, Gustavo Matos, y el secretario general participaron desde la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, se verificó que las propuestas cumplen con los requisitos formales que establece la ley y con la exigencia de representación equilibrada entre hombres y mujeres.
De esta manera, se acordó proseguir su tramitación reglamentaria ante la Comisión de Control de RTVC prevista para el 26 de abril en la que se procederá a verificar el examen de idoneidad de las candidaturas propuestas, con carácter previo a su remisión al Pleno del Parlamento en sesión de 10 y 11 de mayo, donde podrá designarse a los candidatos y candidatas propuestos.
Para la elección, se producirán dos votaciones separadas: una para la composición de la Junta de Control y otra para el director o directora del Ente público.
Con esto, el Parlamento de Canarias cumple con lo previsto en la Ley de RTVC y elegirá por primera vez a las y los miembros de la Junta y a su director con el nuevo sistema establecido.
Al respecto Matos valoró el trabajo realizado por los grupos parlamentarios, Junta de Portavoces y Mesa para garantizar el cumplimiento de los principios reguladores de RTVC y destacó que la vocación de servicio público de RTVC está establecida por ley y sometida a control parlamentario.
Por otro lado, la Mesa ha acordado encomendar a la Audiencia de Cuentas de Canarias, de acuerdo con el artículo 5 de su ley reguladora y con el artículo 32 del Reglamento de la Cámara, el informe jurídico y económico sobre el modelo de gestión de los servicios informativos al que alude la disposición adicional cuarta de la ley de RTVC.
En este sentido, ha decidido, como mejor fórmula, encargar el informe a la Audiencia de Cuentas por tratarse del órgano asesor del Parlamento especializado en fiscalización y, también, por su objetividad e independencia, descartando por tanto otras opciones como podría ser una consultora privada.
