La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) ha acordado romper relaciones con el Gobierno al que acusa de tener una falta de voluntad de acuerdo de políticas de consenso con la organización a la que dispensa un trato de «desatención» e «indiferencia».
Además, valorará pedir amparo al Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF), para llevar ante la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la decisión del Gobierno de excluir a los municipios de los procesos de toma de decisiones en la gestión de residuos radiactivos.
Esta situación adoptada por la Comisión Directiva de AMAC, según explica en un comunicado, conllevará «inevitablemente la ruptura de cualquier tipo de colaboración futura con los organismos competentes en materia nuclear».
Además, anuncia que próximamente convocará una asamblea general extraordinaria para debatir y acordar las estrategias futuras de la asociación y las relaciones que debe mantener con el Gobierno y el resto de administraciones en esta coyuntura, dado que esta situación «no se había dado nunca» desde la creación de AMAC en 1988.
Los municipios lamentan las últimas decisiones del Ejecutivo sobre la gestión de las instalaciones nucleares, ya sean centrales nucleares o almacenamientos de residuos, que afectan especialmente a los municipios del entorno y al futuro de sus habitantes.
Critica en concreto la introducción de una enmienda a la Ley sobre energía Nuclear incorporada a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que trata de «apartar a los municipios de los procesos de decisión sobre la construcción de almacenamientos de residuos radiactivos, así como de la ampliación o transformación de los almacenamientos existentes».
Asimismo, lamentan la decisión de cerrar «injustificadamente» las centrales nucleares españolas «sin ofrecer ninguna alternativa de desarrollo económico a los municipios de las áreas de afectación, que ha convivido durante 40 años con estas instalaciones en interés de todo el país y no para cubrir sus necesidades locales».
Por otro lado, estiman que el cierre de los reactores significa una pérdida de interés por todo lo que se necesita para asegurar una convivencia segura con estas instalaciones y esto, según advierten, conllevará parar actividades relacionadas con los planes de emergencia, la congelación de los fondos para su mantenimiento y la negativa a su profesionalización en las zonas nucleares.
Para la asociación «todo ello demuestra una total falta de voluntad de colaboración por parte del Estado» con estos municipios y «atenta contra el principio de autonomía local», ya que a partir de ahora los municipios «no tendrán ninguna competencia» en la instalación en su territorio de ningún almacén temporal centralizado de residuos (ATC) o temporal individualizado (ATI) y advierte a las comunidades autónomas que a ellas también las aparta de esta toma de decisiones.
En ese sentido, acusan al Gobierno de impulsar «política contrarias» a lo dispuesto en la normativa europea de gestión de residuos radiactivos, especialmente en lo que dispone la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
AMAC critica estas políticas «totalmente contrarias a las prácticas de participación, de concertación y de consenso» que desde hace años se practican en todos los países de la UE.
En definitiva, la ruptura de relaciones se debe a que «lejos de recibir el trato que merece» quien colabora en la búsqueda de soluciones, asumiendo las consecuencias, han recibido «desatención y la indiferencia por parte de los organismos estatales».
No obstante, insiste en que aún cree que cabe la posibilidad de establecer soluciones de consenso que garanticen la operatividad de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN) y su participación en la toma de decisiones.
