La clase política madrileña se juega sus puestos en las urnas el próximo 4 de mayo. Este es el caso del partido político Más Madrid cuya lista, encabezada por Mónica Garcia, contiene nombres de políticos imputados que están siendo investigados por la Justifica. Este es el caso de Javier Carrillo Castaño que ocupa el puesto número 35 de la lista de Más Madrid para las elecciones anticipadas que decidirán a los 136 diputados de la Asamblea de Madrid para la XII legislatura. Carrillo Castaño es concejal y portavoz de la formación de Más Madrid en Valdemoro y está siendo investigado por un delito de prevaricación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de dicho municipio del sur de Madrid.
El político de izquierdas comenzó su carrera en el partido ecologista Equo y se presentó como candidato a la Alcaldía de Valdemoro en las elecciones de 2011 con la formación Ecolo Los Verdes. No consiguió ser regidor pero desde 2015 es concejal del Ayuntamiento de Valdemoro y desde 2017 hasta el 15 de junio de 2019 ha liderado la concejalía de Economía, Hacienda y Transición Ecológica. Ahora, se presenta a las elecciones de la mano de Más Madrid, todo sea por seguir recibiendo un generoso sueldo público.
Mónica garcía decidió incluir a Javier carrillo en las listas por amistad a pesar de estar siendo investigado por la justicia
Según fuentes municipales, Mónica García decidió incluir a Javier Carrillo en las listas por amistad a pesar de estar siendo investigado por la Justicia. Ambos políticos se conocían por haber participado diferentes acciones políticas sobre ecologismo. Además, estas mismas fuentes apuntan que el aspirante a diputado está agotando su última legislatura en las instituciones municipales valdemoreñas y es por ello que ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid para así obtener una silla en la codiciada Asamblea. Gracias Mónica García por dar trabajo a un imputado por corrupción opacando los valores de los que tanto presume Más Madrid, el partido que lideras.
¿PORQUÉ ESTÁ IMPUTADO CARRILLO?
Los hechos por los que está siendo imputado Javier Carrillo se sucedieron en el año 2017, cuando Carrillo era Concejal de Economía, Hacienda y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Valdemoro. Ocurrieron en la Escuela de Fútbol de Valdemoro, organización desde la cual se querellaron contra el político porque este les obligó a abonar 70.000 euros en una plazo de 12 meses por el uso de los espacios municipales.
Los querellantes decidieron emprender acciones legales contra el político de Más Madrid por obligarles a pagar en un periodo corto de tiempo a pesar de que reiteraron en múltiples ocasiones que no podían hacer frente al pago en tan pocos meses. La salud financiera de la escuela fue comprobada por el tesorero municipal y el recaudador que establecieron que la Escuela de Fútbol del municipio necesitaría 24 meses para hacer frente a la deuda siendo este tiempo un periodo razonable y ajustado a las finanzas del club deportivo.
La Escuela de Fútbol de Valdemoro es la mayor escuela de este deporte en España: por sus instalaciones han pasado más de 1200 niños y cuenta con más de 35 equipos federados.
EL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO FUE MULTADO POR QUE CARILLO «AMENAZÓ» A UNA TÉCNICO MUNICIPAL
Pero el asunto con la Escuela de Fútbol no es el único problema con la Justicia que el político de Más Madrid ha tenido. La Inspección de Trabajo sancionó en 2018 al Ayuntamiento de Valdemoro por amenazas y despacio por parte de Carrillo hacia una funcionaria del consistorio municipal.
El entonces concejal valdemoreño se enfrentó en una reunión a una técnico del ayuntamiento a la que le recriminó «su falta de profesionalidad y su deslealtad con la entidad local» al acusarla de revelar información municipal. Viva la transparencia. Además, según fuentes municipales, Carrillo faltó el respeto a su compañera recriminándole aspectos de su vida privada sin tener prueba alguna de ello.
El episodio se saldó con que Carrillo pidió que se abriera un expediente sancionador para la técnico pero este fue rechazado por la propia institución municipal. Por otro lado, la funcionaria pidió que se iniciara un procedimiento por acoso y tres meses más tarde obtuvo una baja médica.
La comisión que investigó el conflicto concluyó que no se había producido acoso, pero sí otros incumplimientos que constituyen una falta muy grave. Según consta en el informe sancionador, el político que aspira a conseguir un escaño en el Parlamento madrileño, se enfrentó a la trabajadora «con actitud amenazadora e intimidante». De este modo, la Inspección de Trabajo decidió multar con 6.251 euros al consistorio valdemoreño porque conociendo los hechos no tomó ninguna medida, «permitiendo que, sin pruebas, se menosprecie y se atente contra la dignidad de sus trabajadores».
