La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha afirmado que ve «posible» materializar en 2022 la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social tras haberse anunciado este viernes el acuerdo sobre otras cuatro materias.
En declaraciones a Cadena Ser, Garamendi ha reconocido por otra parte que el traspaso del Ingreso Mínimo Vital se está retrasando al contar con «muchos vericuetos técnicos» y ha defendido que lo más importante «no es que llegue, sino que lo haga en su integridad y pueda convivir con la Renta de Garantía de Ingresos».
Tras mostrase «satisfecha» por el «hito histórico» que supone el haber acordado cuatro materias -Prisiones, Transporte por Carretera, Asignación del ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa-, ha advertido que eso no supone que el Gobierno Vasco no vaya a seguir trabajando «en las que quedan con el mismo ímpetu y nivel de exigencia».
«Queda bastante y cada uno de los traspasos es un ejercicio de negociación importantísimo. Lo importante en este caso es que se demuestra que con la bilateralidad, el acuerdo y la negociación podemos seguir trayendo a casa estas competencias que desde hace 40 años debieran estar aquí», ha sostenido.
En lo que respecta a la competencia de Prisiones, ha afirmado que gestionar las cárceles supone «a ‘grosso modo’ que por un lado se llevará la organización, gestión e inspección de los centros penitenciarios y a su vez también la vigilancia, cumplimiento y ejecución de las penas conforme a la normativa penal».
Según ha concretado, para los alrededor de 700 funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios vascos, la transferencia supone que pasarán a depender de la administración de la Comunidad Autónoma, «eso sí con los derechos adquiridos previamente y ejercerán su labor como la han ejercido hasta ahora».
«Respecto a los reclusos, corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación penitenciaria que es una competencia estatal. Tendremos nuestro modelo propio que se desarrollará por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales», ha añadido.
En referencia al control de Transporte por Carretera, ha valorado que serán las diputaciones las que podrán a partir de ahora «autorizar e inspeccionar el transporte privado por carretera». «Nosotros acogemos el traspaso y conveniaremos con las diputaciones para que lo puedan ejecutar», ha detallado.
Por último, y en referencia al régimen económico de la Seguridad Social, Garamendi ha reconocido que se trata de una transferencia «significativa» y ha recordado que se estableció en su momento como fecha aproximada de llegada el año 2022, aunque «es cierto que las fechas van variando».
«La Seguridad Social vendrá y lo trabajaremos para que venga cuando toque… Esperamos para 2022 y sí lo creo posible», ha finalizado la consejera.
