Los grupos parlamentarios siguen negociando la posibilidad de elevar en 2023 los objetivos de ambición climática de España en el texto del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que aprobará este jueves la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.
El debate de la ley llega después de más de nueve meses desde que el proyecto entró en la Cámara Baja y tras celebrarse cuatro sesiones de la ponencia que ha negociado el articulado del texto. La Comisión cuenta con competencia legislativa plena, de modo que el texto que se apruebe será remitido directamente al Senado para continuar son su tramitación parlamentaria, sin necesidad de debatirlo en el pleno del Congreso.
En el Senado cuenta con carácter de tramitación de urgencia, de modo que en este mismo mes de abril España podría contar con su primera ley de cambio climático, seis años después de la firma del Acuerdo del Clima de París.
El texto del Gobierno ha sido modificado ya en el trámite de Ponencia con emiendas a todos sus artículos, un total de 36, aunque todavía llegan vivas al debate en Comisión numerosas enmiendas. En total, se presentaron casi 800. De momento, el texto cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe, pero los socios de Gobierno, socialistas y ‘morados’, manifestaron que quieren recabar un apoyo «mayoritario».
En ese marco, desde Unidas Podemos han confirmado la voluntad de lograr un acuerdo para que los objetivos de la ley se revisen al alza, pero no ahora sino en 2023, apenas dos años después de su entrada en vigor.
Con ello, se satisfaría a los grupos que, como Más País Verdes-Equo consideran que la ley nace con una ambición climática insuficiente. Este martes, durante la rueda de prensa de portavoces, la diputada Inés Sabanés –ponente de la ley– exigió elevar el objetivo para 2030 de reducción de emisiones de CO2 hasta un 40 por ciento, frente al 23 por ciento pactado, aunque admitió que el grupo se conformaría con aumentar al «en torno del 30 por ciento» la rebaja de emisiones de CO2 respecto a 1990 para esa fecha. Así, aseguró que lo intentaría «hasta el último instante» de la tramitación parlamentaria.
En concreto, el proyecto contempla con el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 por ciento; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 por ciento; un 74 por ciento de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 por ciento.
Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde expuso justo antes del parón de Semana Santa que todos los grupos han «enriquecido» la ley pero que existía la voluntad de introducir además en el artículo 19 del texto una mejora para dar garantías a la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de centrales de energías renovables de modo que se respeten los valores ambientales del territorio.
Es decir, que se estudiarán las zonas donde se desplegarán las renovables para garantizar el respeto a la biodiversidad y en particular a la fauna. Esta petición atendería a la solicitud de varias organizaciones ambientales y en particular de SEO/BirdLife, según han apuntado fuentes parlamentarias.
Por su parte, el PP no espera «grandes cambios» en el texto durante su debate de este jueves, ya que el texto cuenta con mayoría, pues fue aprobado con los votos de PSOE, UP, ERC, EH-BILDU, ERC, PNV y Teruel Existe. Su ponente, Diego Gago, ha indicado que le hubiera gustado una mayor capacidad de diálogo por parte del Gobierno en esta primera fase de tramitación parlamentaria.
No obstante, el ponente popular presentará este jueves una transaccional al artículo 18 por la que quiere excluir los puntos 3 y 4, que supondría entre otros, según los populares, perjuicios a instalaciones en la costa, como por ejemplo a empresas del sector acuícola. «Vamos a intentarlo», ha manifestado, aunque recuerda que esta enmienda ya se votó en la ponencia y fue rechazada.
El diputado de ERC Joan Capdevila, por su parte, ha indicado que también sigue negociando con el PSOE una transacción al artículo 12 que estaría dirigida al que las zonas de bajas emisiones, obligatorias para municipios de 50.000 habitantes, reduzcan su límite y se establezcan en zonas de más de 20.000 ciudadanos. Si bien, los republicanos admitirían fijar un punto intermedio en el número de habitantes necesario para las zonas de bajas emisiones o bien condicionarlo a las distintas situaciones previstas por la Ley de Calidad del Aire.
Este miércoles por la mañana, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado que «si no hay sorpresas» el proyecto de ley de cambio climático y transición energética saldrá este jueves «del Congreso al Senado» para ultimar su tramitación legislativa en el Parlamento antes de su aprobación con unos objetivos que están «por encima» de los marcados por la Unión Europea.
La ministra ha reclamado un «reconocimiento a todos los grupos parlamentarios y sociales que han ido contribuyendo a esta norma» en la que afirma que se han introducido objetivos «por encima de lo que marcaba la Unión Europea», cuando fijó un objetivo de reducir las emisiones en 2030 en un 40 por ciento porque el Gobierno sabía que «iba a ser necesario avanzar más» y porque era «lo inteligente» desde el punto de vista de transformación del modelo productivo hacia una economía descarbonizada.
«En las tres referencias cuantificadas en el ámbito europeo, nos movemos por encima de los objetivos», ha defendido la ministra, que ha citado tanto el anterior escenario comprometido del menos 40 por ciento de emisiones de CO2 cuantificadas en el conjunto de la Unión Europea, como del posterior objetivo elevado de reducir estas emisiones en un 55 por ciento para 2030.
A su juicio, la norma permitirá acometer la transición ecológica necesaria para descarbonizar la economía de aquí a 2050.
