El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este lunes, respecto a los sobresueldos de ediles del equipo de gobierno durante el mandato anterior que investiga la Agencia Valenciana Antifraude, que la decisión que llevó a aplicar en sus nóminas un complemento se hizo «legalmente» y «con el visto bueno de la Intervención» municipal.
Asimismo, el primer edil ha señalado que este asunto pasó por junta de portavoces y por el pleno y que «nadie dijo absolutamente nada: ni el PP, ni Cs», los dos partidos de la oposición en aquel momento.
Ribó, que ha participado en un acto organizado por ‘Campanya per una Justícia Fiscal CV 2021’, se ha pronunciado de este modo preguntado por la investigación que ha abierto Antifraude por el cobro de 772.000 euros en sobresueldos de diez concejales del PSPV, Compromís y Valencia en Comú en el anterior mandato, de 2015 a 2019. En concreto, se investiga si los ediles se fijaron un complemento de 25.000 euros al año para cobrar el mismo sueldo que un edil con dedicación exclusiva.
«Esto lo hicimos legalmente, con el visto bueno de Intervención y lo pasamos por la junta de portavoces y por el pleno. Nadie dijo absolutamente nada. Ni el PP, ni Cs –que tampoco ha dicho nada y me parece una actitud diferencial bastante positiva, ha considerado el alcalde frente a las críticas realizadas por los ‘populares’ sobre este tema–, ni nadie», ha expuesto.
El responsable municipal ha destacado que «hace seis años», cuando entró en Alcaldía lo «primero» que hizo fue reducir el sueldo del alcalde «en un 30 por ciento» y, «a continuación, escalonar los tenientes de alcalde y todos con un nivel muy pequeño de franja».
Asimismo, ha manifestado que al llegar al gobierno de la ciudad su equipo –formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú– se encontró «con un problema que nos había puesto –el entonces ministro de Haciendo, Cristóbal– Montoro» y ha precisado que este era que «todos los concejales no podían tener dedicación exclusiva.
Joan Ribó ha concretado que eran «ocho» los que no podían contar con ella y ha afirmado que lo que se decidió entonces fue no «condenar» a los ediles de la oposición a no tener ese tipo de dedicación. Ha apuntado que lo que se hizo es posibilitar que «los tenientes de alcalde, que todos están trabajando todos los días aquí –exceptuando el primero y el segundo porque tenían representación política– pudieran cobrar «como cualquier otro».
Igualmente, ha manifestado que «este sobresueldo fue un sobresueldo que se puso para igualar el salario de personas que están en cargos de directores de área con personas de la oposición».
«Es curioso que cuando se ha acabado este periodo se haya presentado una denuncia. No se de dónde es pero me parece que sé de dónde viene por las informaciones que se dan», ha lamentado el alcalde. En este sentido, ha aseverado que le produce «cierta pena» que por haber querido «ayudar precisamente a la oposición sea, seguramente alguien de la oposición, el que presenta una denuncia por este tema».
«Como tuvimos conocimiento de esta denuncia, esta vez dijimos: lo lamentamos. La ley de Montoro continúa estando activa y ahora se quedarán en la oposición los ocho lugares sin tener dedicación exclusiva como pide esta ley», ha destacado el primer edil.
Ribó ha subrayado que todo «se hizo con el visto bueno de Intervención» municipal y ha rechazado que se tomara aquella decisión «para vulnerar la ley de Montoro». «Se puso porque queríamos igualar a los miembros de la oposición con los miembros del gobierno», ha reiterado.
«QUE QUEDE CLARO»
«Hay una ley de Montoro pero hay otras leyes que dicen que el gobierno puede establecer los complementos correspondientes. Por eso, tuvimos el visto bueno de Intervención. Quiero que quede claro», ha afirmado a continuación.
Del mismo modo, el primer edil ha considerado que también «es importante que quede claro que esto fue investigado por un juzgado y el fiscal dijo que no había caso».
Preguntado por la razón por la que eso no se aplicó a partir de 2019 ha indicado: «había una denuncia, que sabíamos de donde vendía, y entonces pensamos que no tenía sentido hacer una cosa de este tipo cuando teníamos una denuncia en sentido contrario». «Fue consecuencia de esto», ha dicho.
Joan Ribó ha repetido que la medida habilitada en 2015 contaba con un informe «del servicio de Intervención» que decía que «lo podíamos hacer». «Nosotros cuando tomamos una decisión económica quién tiene el visto bueno al final es Intervención, no son los servicios jurídicos. Repito, esto pasó por junta de portavoces y por el pleno sin la contestación de nadie y con los servicios de Intervención a favor», ha insistido.
