Podemos tendrá que readmitir y pagar todo el salario completo a la abogada Mónica Carmona, vilipendiada por el partido ‘morado’ tras denunciar el ‘caso Neurona’. La sentencia, a la que ha tenido acceso MONCLOA, de un juzgado de Granollers (Barcelona) obliga a «reponer a la trabajadora en sus condiciones laborales». La formación de Pablo Iglesias le redujo su jornada de 40 horas a la mitad, y le apartó del equipo jurídico en diciembre de 2019.
La magistrada Carmen Briones ha condenado a que se le restituyan su anterior empleo con todas las condiciones. Además, tendrá que pagar 36,72 euros al día por el salario dejado de percibir tras modificar el contrato. La sentencia no es firme y Podemos puede interponer un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
LA MAGISTRADA NO VE REPRESALIAS
La abogada de Podemos denunció que su cese se debía a la investigación interna sobre la adjudicación de un contrato de obra a Neurona. Pero la juez no ve nexos entre estas averiguaciones y su fulminante despido, aprobado por la mayoría del Consejo Ciudadano. De esta forma, la magistrada deniega a Carmona la petición de 75.000 euros.
Según el escrito, Carmona alertó por email de estas presuntas irregularidades a la Secretaría de Coordinación, la Secretaría General, la Gerencia y el Consejo Ciudadano -que la defenestró- el 3 de diciembre de 2019. «Tampoco pueden considerarse como indicio de vulneración de la garantía de indemnidad que permita invertir la carga de la prueba», según indica la sentencia. Podemos argumentó que necesitaba contar con «personas» de la «máxima confianza».
Para la juez Briones, no ha habido vulneración de derechos fundamentales, como pedía por contra la denunciante. «No se desprende de la prueba practicada que la demandante ejercitara derecho alguno ni preparatorio de acciones judiciales ni reclamación alguna, ni propia ni en beneficio del partido», según ha aclarado. De esta forma, los hechos «acreditados y constatados no tienen encaje, por lo demás, en la garantía de indemnidad».
«No se ofrece -señala la juzgadora- indicio alguno (…) que permita invertir la carga de la prueba, o que permita afirmar que la actuación del empleador -Podemos- de modificar la jornada de trabajo de la actora, obedece a una represalia por el ejercicio o cumplimiento de sus funciones de la que únicamente era conocedora Carmona y Calvente«.
En la sentencia se ha descartado que la defenestración laboral se deba a represalias por haber iniciado la investigación interna. Carmona aportó en la denuncia el silencio de Pablo Iglesias a uno de los mensajes de Telegram para pedirle explicaciones sobre Neurona, pero no hay rastro del mensaje.
CAMBIO DE CONTRATO ILÍCITO
Para la juez, el cambio de contrato a parcial es una medida «ilícita», ya que es obligatorio el «consentimiento de la trabajadora». En este sentido, ha reprochado a la formación que haya modificado este acuerdo laboral sin «justificación alguna«. En el mismo sentido se había pronunciado la Inspección de Trabajo.
Tras estudiar los hechos probados, la magistrada concluye que la «totalidad» de la documentación aportada sobre las supuestas irregularidades relacionadas con Neurona, chats de Telegram incluidos, son «meras alegaciones», ya que que «no constan» acreditadas mediante pruebas. Carmona no participó en las conversaciones de los chats, pero le eran trasladadas por José Manuel Calvente, el exreponsable de protección de datos de Podemos también despedido tras dar a conocer las irregularidades con Neurona. De hecho, el juez que instruye el caso continúa investigando en la misma línea que el denunciante.
CONTRATO TEMPORAL Y DEGRADACIÓN
Carmona comenzó su andadura profesional en Podemos Cataluña en abril de 2016, primero con un contrato temporal a tiempo parcial, pero después se le transformó en indefinido a tiempo completo tras su ascenso en la formación de Pablo Iglesias a nivel nacional. Los problemas llegaron en diciembre de 2019, según constata la sentencia, por la que fue reducida la jornada.
Este caso es similar al de Calvente, que pidió su restitución e indemnización por un despido improcedente. De hecho, Podemos tuvo que admitirlo y negó que hubiera existido el supuesto acoso laboral por el que el encargado de protección de datos del partido fue fulminantemente despedido. El Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona condenó al partido a indemnizar al letrado.
