La Segunda Teniente de alcalde de Barcelona y mano derecha de Ada Colau, Janet Sanz, no acude a los plenos del Distrito de Les Corts desde hace 20 meses, pese a ser concejal adjunta. Sanz está imputada por su veto a la reforma de la Casa Buenos Aires, pero se ha negado a dimitir.
El cargo de Sanz en Les Corts no está remunerado como tal, ya que sólo perciben sueldo los presidentes y consejeros. Sin embargo, es una obligación de la tercera máxima autoridad del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo sueldo alcanza los 98.192 euros, divididos en 14 pagas, más de 7.000 euros al mes y más que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Sanz no ha asistido ni presencial ni telemáticamente a ninguno de los plenos celebrados en Les Corts desde que se iniciara el mandato, en 2019; tampoco a los consejos de barrio ni audiencias públicas de este distrito. Según la agenda pública de la política de Barcelona en Comú, en algunos plenos no tenía programada visita o encuentro alguno, como el del 3 de julio del pasado año. Ese día sí se celebró el pleno, según los registros oficiales consultados por MONCLOA.com.
LA DEJADEZ DE SANZ CON LA AGENDA VACÍA
En otras fechas, la política ha mostrado una agenda vacía a la hora que se celebraba el pleno, o bien reuniones que esperaba acabar una hora antes del inicio de la sesión. En otros días, se producen solapamientos con el Ayuntamiento de Barcelona, como ha pasado este pasado 4 de marzo. A la misma hora Janet Sanz tenía que acudir al «Consejo Asesor Superilles», mientras se inició el plenario en Les Corts.
En este distrito están representados los cerca de 83.000 vecinos que lo habitan, pero Sanz no acude. Su ausencia ha sido tan sonada ha sido objeto de denuncia política. «Demuestra falta de interés y de respeto» hacia los vecinos, ha afirmado el consejero-portavoz de JxCat, Ivan Condés.
JxCat ha denunciado públicamente esta «permanente» ausencia desde junio de 2019. «No lo ha hecho ni presencialmente ni telemáticamente, a pesar de las facilidades que para la asistencia virtual se han implementado en el marco de la pandemia por la Covid-19», ha afirmado Condés.
«Esta desaparición de Sanz de Les Corts es la muestra más evidente de la falta de interés y de respeto que tiene Barcelona en Común y su Gobierno por el distrito de Les Corts», ha criticado el consejero.
«En la práctica, Sanz ni escucha vecinos ni entidades; pero es que además, ni muestra el más mínimo interés por oír de primera mano cuáles son sus necesidades y preocupaciones», ha proseguido el consejero de la formación independentista. De esta forma, los vecinos de Les Corts solo conocen a Sanz por «foto y por haber solicitado el desmantelamiento de la industria automovilística».
IMPUTADA POR PRESUNTAMENTE FAVORECER A ‘OKUPAS’
Sanz está imputada por presuntos delitos de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. La denuncia fue interpuesta por el fondo London Private Company y la congregación religiosa Padres Paúles por la actuación del Ayuntamiento de Barcelona en la Casa Buenos Aires de Vallvidrera.
La concejal, pese a la imputación, se aferra a la silla y no ha presentado aún su dimisión. «Estamos en trámite. Hemos declarado y vamos avanzando. Espero que todo esto quede archivado», ha afirmado Sanz tras declarar durante más de una hora en el juzgado.
La concejal, que según el código ético de Podemos no puede recibir tres veces el salario mínimo interprofesional, ha contratado a la abogada Olga Tubau, una experta defensora en asuntos penales -fue la abogada de Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, durante el juicio del 1-O-.
Pese a que Sanz cobra este dinero, según el reglamento interno, no puede percibir más de 3.325 euros mensuales, un montante que pareciera suficiente para los honorarios de Tubau, y al que habría que añadir los complementos percibidos. De hecho, Sanz obtiene 600 euros como complemento de responsabilidad de gobierno y cuidados. El montante se duplica en verano y Navidad por la paga extra, disparándose por encima de los 7.000 euros mensuales esos meses.
LA GENERALITAT, CON LOS ‘OKUPAS’
La Generalitat ha dado luz verde al plan de Barcelona para reformar la Casa Buenos Aires, ahora okupada, para reconvertirlas en viviendas dotacionales, pero antes se llevará a cabo la expropiación del inmueble a su legítimo dueño, sin que haya trascendido el importe.
Esta decisión se ha tomado recientemente tras el sí del pleno de Barcelona en noviembre para llevar a cabo la expropiación de la Casa Buenos Aires. Además de los ‘comuns’, el PSC y ERC se sumaron a la medida, con duras críticas de la oposición.
La villa tendría un coste para los barceloneses de 3,5 millones de euros, pero el importe puede aumentar según avancen las negociaciones. En un principio, este inmueble iba a convertirse en un hotel, pero no obtuvo la respectiva licencia, denegada por Sanz. London Private Company, propietario tras comprar la finca a la congregación de los Padres Paúles, denunció estos hechos.
