El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a enfrentarse con un problema judicial y aumenta la colección de querellas criminales. Esta vez en la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica, dirigida por Eloi Badia, mano derecha de Ada Colau.
La Associació de Veïns Vallcarca-Penitents ultima una querella contra el Badia y demás implicados en la transformación inmobiliaria en el único barrio de Barcelona que cuenta con un puente de obra civil.
Desde su llegada a la Alcaldía, Colau ha dedicado gran parte de la construcción de viviendas sociales a este barrio. Los vecinos sólo se quejaban mediante protestas, pero ninguna querella, hasta ahora. El último proyecto en el barrio amenaza un pequeño parque junto a la Ronda de Dalt. La Concejalía de Badia ha dado luz verde a la construcción de 34 viviendas sociales en la única zona verde queda en el vecindario.
El Ayuntamiento ha desatendido las peticiones de los vecinos, y éstos acudirán próximamente a la Justicia para presentar una querella por prevaricación y delito medioambiental. El escrito aún «se está ultimando», según ha asegurado el portavoz de la asociación, Carles Sasot, en declaraciones a MONCLOA.com.
LOS VECINOS LUCHAN POR UN PARQUE
Además de Badia, Sasot ha señalado que habrá otros miembros del Ayuntamiento querellados, algunos de ellos del Distrito de Gràcia, del que también es concejal. Antes de presentar la querella, estos vecinos habían presentado un escrito de requerimiento urbanístico-medioambiental ante los querallados y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, tras la modificación del plan general urbanístico de la zona.
El Ayuntamiento dio luz verde la revisión del catálogo patrimonial de la zona, contando con 1.026 fincas protegidas, y obligaba a mantener parques y jardines. La modificación, sin embargo, fomenta la implementación de la vivienda protegida y la buena convivencia de las viviendas, actividades y equipamientos; y el espacio libre, que incluye las calles, plazas, jardines públicos y privados y otros espacios no construidos donde se quiere implantar un sistema ambiental que aumente la biodiversidad. Así, en el parque de la Ronda de Dalt se edificarán las 34 viviendas.
Los vecinos defienden que es un parque utilizado mayoritariamente por jubilados, como lo son el 50% de los miembros de la asociación. Además, Badia no realizado la habitual «participación ciudadana», pese a ser una de las señas de identidad de la formación morada.
CASA BUENOS AIRES Y JANET SANZ
No sería la primera querella contra un concejal de Colau. London Private Company, empresa barcelonesa propietaria de la Casa Buenos Aires (Vallvidrera) ha presentado una querella contra Sanz por cometer presuntamente delitos de omisión de la obligación de perseguir delitos, prevaricación y obstrucción a la justicia.
El edificio era un antiguo hotel, okupado después y el Ayuntamiento realizó cambios en el plan general metropolitano para obligar a construir en el inmueble pisos dotacionales. Los propietarios han argumentado que se han cometido graves delitos, ya que denegó la licencia de hotel, pero sí imponerles estos requisitos. En este inmueble, Colau quería levantar 37 alojamientos dotacionales. Hasta ahora, Sanz se mantiene en el cargo pese a la imputación.
Además, a Sanz y Badia, Colau suma un tercer concejal querellado. Rosa Alarcón, concejala de Movilidad, por proteger el «oligopolio» de las motos eléctricas.
ROSA ALARCÓN Y EL «OLIGOPOLIO» DE LAS MOTOS ELÉCTRICAS
La Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si han podido cometer delitos para “proteger” un posible “oligopolio” en el mercado del ‘motosharing’ en Barcelona.
Esta actuación de la Fiscalía de Barcelona se inicia a raíz de la denuncia presentada por Global Mobility Sharing, a la que ha tenido acceso MERCA2. El escrito, fechado el pasado 12 de febrero, se centra en las presuntas “ilegalidades” en la adjudicación de las licencias de las motos eléctricas y posteriores actuaciones de un departamento controlado por En Comú Podem.
En el escrito se pide expresamente la declaración de Manuel Valdés López en calidad de “investigado”. El resto de nombres, entre los que se encuentran la propia Alarcón; Jesús Jiménez, jefe de gabinete; Lorena Zurrón, gerencia de urbanismo y la persona que ejecuta los actos del gerente de movilidad y tiene la interlocución con los operadores; Eva Redó i Verdaguer, exdelegada de Movilidad e Infraestructuras; y su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez, podrían declarar como “testigos”.
La empresa denunciante, representada por el despacho de José María Fúster Fabra, entiende que tanto Acciona como Ecooltra se han beneficiado de estas acciones al bajar la oferta y aumentar los precios. Es un “perjuicio directo de la ciudadanía, las arcas públicas y para el resto de empresas que han tratado de entrar”, apunta el escrito al que tuvo acceso MERCA2.
