El pasado 23 de enero tuvimos que lamentar la muerte, a sus 61 años, de Santos González, el primer trabajador de Metro de Madrid al que se le diagnosticó asbestosis, enfermedad respiratoria crónica producto de una exposición prolongada al asbesto o amianto. Trabajadores y trabajadoras de innumerables sectores industriales están hoy afectados. Sectores como la construcción, demolición y rehabilitación de edificios, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de tuberías de conducción de agua, de calefacción y de refrigeración, reparación de vehículos, mantenimiento y desguace de vagones, limpieza de máquinas, desamiantado y gestión de residuos, entre otros.
Aunque no se conoce con exactitud el número de personas fallecidas por patologías derivadas de la exposición al amianto, diferentes investigaciones atribuyen a la exposición laboral 4.000 canceres de pulmón y pleura, a las que habría que sumar las fallecidas por otros canceres como el de laringe y por asbestosis, así como los canceres provocados por la exposición doméstica y ambiental, por lo que podemos estimar que entre 4.000 y 5.000 personas fallecen anualmente por enfermedades provocadas por el amianto.
A pesar de que su uso está prohibido en nuestro país desde 2002, todo el mundo sabe que este producto, cuya marca comercial más conocida es Uralita, sigue presente en multitud de instalaciones, centros de trabajo, naves industriales, edificios públicos y privados, medios de transporte… De hecho, puede estar presente en cualquier edificio construido entre los años 60 y 90 del siglo pasado.
La Comunidad de Madrid no es una excepción, y hoy podemos verlo a simple vista, muchas veces deteriorado (lo que lo hace más peligroso) en centros de trabajo, polígonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también en decenas de bloques de viviendas de barrios como San Pascual, Vicálvaro o el Poblado Dirigido de Fuencarral, en Madrid, y en colegios, institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos públicos en toda la región. A lo anterior se agrega la proliferación de vertidos clandestinos de amianto que contaminan el aire y suelos, por toda la geografía madrileña.
Es urgente actuar para no generar nuevas víctimas porque la vida útil de la mayor parte del amianto instalado está llegando a su fin, lo que implica que aumente la posibilidad de liberación de fibras al ambiente por su deterioro. De no actuar ya, la pandemia del amianto no solo seguirá matando a personas de nuestra generación, sino que también seguirá matando a nuestros hijos y nietos, algunos de ellos que no han nacido aún.
Ante este grave problema de salud pública y tras comprobar, con pesar, que está lejos de ser una prioridad para la Administración, diversas organizaciones representativas de la sociedad madrileña se han unido para impulsar el desamiantado seguro de todos los edificios, estructuras e instalaciones que contengan este peligroso mineral. Así, representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el colectivo Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, los sindicatos CCOO-Madrid, UGT-Madrid y la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA) y los grupos de la Asamblea de Madrid Más Madrid-Verdes Equo, PSOE-M y Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie acordaron en un encuentro que tuvo lugar el pasado 23 de febrero, poner en marcha una plataforma con este objetivo.
Estas entidades son muy conscientes de que debemos aprovechar el momento y las posibilidades que nos brindan los fondos europeos, que permiten la presentación de proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios que deben ligarse con la eliminación del amianto instalado en el marco del fondo de Recuperación NextGeneration, una oportunidad que la Comunidad de Madrid no debe desaprovechar.
Esta plataforma se ha marcado las siguientes prioridades:
1º- Elaborar una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid para llevarla a la Asamblea de Madrid y solicitar el apoyo de todos los grupos políticos.
2º- Reclamar la inclusión en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de partidas dirigidas a:
– La elaboración de un registro de edificios, estructuras e instalaciones que contengan amianto instalado, así como de vertidos y vertederos no controlados.
– El desarrollo de un plan de retirada del amianto que debe priorizar los espacios más sensibles, tales como colegios, hospitales, o edificios públicos muy concurridos, y que debe continuar con el resto de edificios e instalaciones con presencia de amianto.
– El impulso de los planes de ayudas a la rehabilitación de las viviendas con amianto.
3º- Implicar en la erradicación del amianto a los ayuntamientos de la región.
La Unión Europea tiene el objetivo de lograr la erradicación del amianto en 2032, aunque aspira a conseguirlo con antelación. Es evidente que si la Comunidad de Madrid no aborda con seriedad y premura el problema, esa fecha no se podrá cumplir.
Hay que recordar que aunque la mayor carga de exposición y de enfermedad está en las personas trabajadoras expuestas, la exposición doméstica y ambiental tiene igualmente una vital importancia y por ello la erradicación del amianto instalado se convierte en un grave problema de salud pública.
Pero además, junto a los gravísimos problemas de salud que provocan las fibras de asbesto, se unen otros muy graves sobre el medio ambiente, en particular los derivados del tratamiento de residuos que los contienen (que es tremendamente complejo y peligroso), los acúmulos sobre el aire que permanecen y se desplazan y especialmente su peligro al depositarse en el agua de ríos, lagos y arroyos. Fruto de estos y de su persistencia en las superficies a los efectos sobre los seres humanos hay que sumar los que puede causar sobre la fauna y flora local.
El amianto mata, y seguirá matando. Necesitamos cuanto antes un registro de los espacios que aún lo contienen para proceder, a continuación, con un plan consensuado, a su erradicación definitiva.
