El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que la decisión de que el levantamiento del confinamiento perimetral entre en vigor el próximo martes, en lugar de hacerlo el lunes, responde al objetivo de evitar una gran movilidad y un agrupamiento «excesivo» de personas en las movilizaciones convocadas para el lunes, 8 de marzo, con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer’, sobre las que ha afirmado que espera que se desarrollen «con rigor y responsabilidad».
Urkullu ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para informar de las modificaciones establecidas por el Gobierno Vasco en el catálogo de medidas preventivas frente a la pandemia.
El lehendakari ha explicado que la decisión de que el levantamiento del confinamiento perimetral entre en vigor el próximo martes, en lugar de hacerlo el lunes, responde al objetivo de evitar una movilidad y un agrupamiento «excesivos» de personas en las movilizaciones convocadas por el ‘Día Internacional de la Mujer’.
«PREOCUPACIÓN»
Urkullu ha explicado que al Gobierno Vasco le «preocupa» que, en las movilizaciones organizadas para el 8 de marzo, puedan producirse grandes agrupaciones de personas «sin guardar» las distancias y las medidas frente al coronavirus.
De esa forma, ha explicado que es «mejor» que los actos programados para esa fecha sigan desarrollándose solo «en el ámbito municipal», motivo por el cual se ha optado por que el levantamiento del confinamiento que pesa sobre cada una de las localidades vascas entre en vigor el próximo martes.
UN «DERECHO FUNDAMENTAL»
En todo caso, ha subrayado que «es posible reivindicar o celebrar» el 8 de marzo «en la medida en que se estime», aunque siempre «en el ámbito municipal, guardando las medidas preventivas y con todo rigor y responsabilidad».
Urkullu, que ha explicado que el Departamento de Seguridad ha recibido 118 solicitudes de permisos para distintas movilizaciones programadas para el ‘Día Internacional de la Mujer’, ha afirmado, en referencia a la posibilidad de prohibir esas manifestaciones, que «no corresponde» al Gobierno Vasco impedir el ejercicio de un «derecho fundamental.
