Desamparados por las instituciones. Así se expresan agentes de la Guardia Urbana, bajo las órdenes del PSC de Jaume Collboni en Barcelona,
Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona denuncian el abandono del Ayuntamiento, gobernado por Ada Colau y Jaume Collboni. «Estamos esperando que lo médicos sean condescendientes y nos den la baja», ha afirmado uno de los miembros que ha actuado durante los disturbios violentos de las últimas dos semanas.
«Esperamos que los médicos nos ayuden para no ir a trabajar», ha admitido otro. La situación es dramática dentro del cuerpo. Golpeados físicamente en las calles y ninguneados desde las instituciones. «Estamos muy mal» psicológicamente, afirma un agente a este medio. «Nos sentimos abandonados«, ha lamentado, mientras esperan «lesiones» e incluso «la muerte» de algún compañero, como pudo ocurrir el sábado. «Tendremos que lamentar la muerte de alguno«, ha afirmado.
Durante los últimos doce doce días de violencia extrema, con fuegos, saqueos y vandalismo, ni Generalitat ni Ayuntamiento han tomado cartas en el asunto, más allá de defender la libertad de expresión y derechos fundamentales, y una condena de palabra desde los atriles y púlpitos. Siguiendo la tradición catalana, por escrito y ante los jueces, ni una denuncia ni adhesión como acusación particular.
DOCE DÍAS DE SILENCIO
Tan sólo la actuación de Fiscalía, la misma que ha aceptado dejar en libertad provisional a decenas de detenidos pese al grave riesgo de reiteración. Hechos por el que aún no se han dado explicaciones de estas conductas. Tampoco los jueces se han mostrado contrariados, ya que solo ha habido un detenido en prisión provisional tras doce días.
Hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona no ha presentado reclamación alguna por los daños ocasionados, superiores a los 1,5 millones de euros. Como ha venido ocurriendo durante los últimos años, serán los barceloneses quienes vuelvan a pagar los platos rotos en esta espiral de violencia.
El PSC se ha puesto de perfil para no soliviantar los ánimos entre las filas de Podemos, socios de Gobierno en Barcelona con Ada Colau. Más allá de la condena expresa y el apoyo a los comerciantes, el PSC rechazó una moción de Ciudadanos el pasado viernes para personarse en las posibles causas contra los detenidos. Además y después de los graves altercados del sábado, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC), ha desconvocado la reunión de la junta de seguridad de Barcelona.
Fuentes municipales han cargado contra los socialistas e independentistas por haber blanqueado de esta forma la violencia con el fin de sacar rédito político. Las líneas rojas no se han traspasado este fin de semana, sino que en Barcelona especialmente llevan años sin existir.
LOS SINDICATOS, CONTRA TODOS
Quienes sí han actuado con mayor determinación han sido compañeros de los propios agentes atacados. Sindicatos de la Guardia Urbana de Barcelona han mostrado su total respaldo y se han presentado como acusación particular contra los detenidos este sábado, al menos cinco son anarquistas italianos que viven en naves ‘okupadas’ en Mataró y Canet, ambas localidades de la provincia de Barcelona. Algunos de los detenidos pasarán este martes a disposición judicial, aunque por el momento se desconocen los hechos por los que serán acusados.
El sindicato CSIF ha asegurado que se personará como acusación particular por los graves hechos del pasado sábado, cuando se intentó quemar vivo a un agente. También ha denunciado la inacción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat durante los últimos doce días, mientras exige medidas y soluciones de inmediato.
El también sindicato mayoritario en la Guardia Urbana ha emplazado a las autoridades del Ayuntamiento, bajo la dirección de los socialistas, reforzar a los antidisturbios de la Urbana, mientras el PSC se negó a movilizar a 150 agentes la noche del sábado, según fuentes consultadas por este medio.
Además, han reclamado más recursos humanos y materiales, incluyendo las efectivas pistolas taser, lanzadoras, armas largas, espray de pimienta y cámaras unipersonales para poder grabar a los manifestantes para hacer frente a estos ataques que «cada vez son más violentos y habituales».
UNA DÉCADA DE VIOLENCIA
Barcelona se ha convertido en una ciudad que tolera la violencia desde 2010. Bajo el Gobierno municipal de Xavier Trias (CiU), en la capital catalana se quemaron vehículos policiales y establecimientos, como ocurrió con un coche de la Guardia Urbana y el Starbucks de Urquinaona, que se saldó sin prisión en 2017 para los cuatro acusados.
El desalojo de la casa ocupa de Can Vies, junto a la acampada del 15-M, que se permitió durante meses hasta que hubo un caso de una agresión sexual, fueron los siguientes escenarios de violencia. Uno de estos choques se saldó con 57 heridos, 30 de ellos Mossos d’Esquadra.
El punto de inflexión hacia una violencia más extrema fue en 2014, los altercados por la huelga dejaron una herida grave por una pelota de goma. Ester Quintana perdía un ojo y los Mossos tuvieron prohibido utilizar esta arma antidisturbios.
En 2015 fue un año de protestas, con el asalto al Parlament como uno de los episodios más graves para una democracia. A raíz de esta inercia, con Barcelona como foco de los grupos antisistema y ‘okupas’, los altercados por el referéndum entre septiembre y octubre de 2017 fueron en aumento. Los graves hechos ocurrirían después, durante las manifestaciones de Tsunami Democràtic durante el 2019, con la guerra de Urquinaona como máxima expresión. Sabotajes, cortes de carreteras, destrozos de mobiliario urbano han sido la tónica, como se ha visto ahora con la excusa de la encarcelación de Pablo Hasél, con condena en firme por agredir a un periodista de TV3.
