La UNESCO ha solicitado que las vacunas contra el coronavirus sean declaradas bien de interés público mundial y con ello garantizar un reparto equitativo de las mismas, después de que varios organismos e incluso algunos gobierno internacionales hayan alertado del acaparamiento de las dosis por parte de los países más ricos.
«Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado. Pero sin la solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis», ha lamentado la directora genera de la UNESCO, Audrey Azoulay.
«Los más vulnerables no están protegidos», ha enfatizado Azoulay este miércoles durante una conferencia a través de video llamada, que ha contado también con la participación, entre otros, del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y dos comités científicos y bioética.
La UNESCO ha recalcado que mientras algunos países han logrado ya vacunas como para proteger a toda su población varias veces, las regiones del sur «se están quedando atrás» y ha demandado al G-7 que traduzca su buenas palabras en hechos concretos, después de que la semana pasada el grupo expresara sus intenciones de enviar millones de dosis a estos lugares.
«Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022», ha señalado.
Por su parte, el director de la OMS ha reiterado en este sentido que la pandemia no acabará «en ningún lugar» si no se combate contra ella de la mejor manera «en todas partes».
«En última instancia, la equidad en las vacunas no es sólo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial», ha insistido Tedros.
DECLARACIÓN DE LOS COMITÉS CIENTÍFICOS
El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) han señalado directamente a las farmacéuticas, las cuales, han dicho, «tienen la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual» lograda gracias «al apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países» el acceso a ellas.
En segundo lugar, ambos comités han defendido la necesidad de aplicar criterios basados en «la igualdad, la equidad, la protección, la reciprocidad y el interés superior de los niños» como parte de los avances de los programas de vacunación en los países más vulnerables.
«Las decisiones sobre la distribución justa y la prioridad deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos», apuntan.
Por último, han manifestado que la estrategia de vacunación para persuadir a aquellas personas que muestren reticencias en el momento de someterse a ella debe regirse por un modelo basado en la educación y en la información y no en sanciones punitivas.
«El rechazo a la vacunación no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de acceso a la sanidad o al empleo», concluye.
