Es un secreto a voces. Y ya se ha intentado más de una vez. Hay una batalla por ver quién controla la emisión del certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), fundamental para el comercio con cualquier tipo de animal. La autoridad administrativa (y hasta ahora ejecutiva) de este certificado depende del Ministerio de Industria, pero Transición Ecológica ha iniciado una batalla interna por intentar hacerse con el control total del CITES y, así, controlar el comercio total de animales, ya sea pesca o cría en cautividad para su posterior venta. Quién se esconde tras este ataque es un funcionario de Miteco llamado Luis Mariano González. Y su estrategia es, primero, hacer que toda decisión relacionada con el CITES dependa de un informe científico que elaborará el propio Ministerio de Transición Ecológica y, segundo, subcontratar a la empresa pública Tragsa para, así, disponer de una legión de inspectores de los que ahora carece el Miteco.
El Tribunal Supremo ya ha fallado en contra de las pretensiones de Luis Mariano y todo su equipo en el Miteco. Pero eso no parece que les vaya a frenar. Transición Ecológica ya había intentado imponer sanciones a través de presuntos inspectores de Tragsa a un agricultor de Argamasilla de Alba, pero el Supremo ha anulado el pasado 2020 la capacidad de esta empresa pública multiusos de imponer sanciones en nombre del Gobierno. Para eso, hay que ser un funcionario. Sin embargo, Luis Mariano es perseverante en su intención de controlar el certificado CITES a toda costa y en robar al Ministerio de industria la capacidad para imponer las sanciones.
Actualmente el certificado CITES tiene una doble autoridad. La ejecutiva o administrativa depende de Industria y la científica de Transición Ecológica, cuyo último responsable es Luis Mariano González, jefe del Área de Acciones de Conservación de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Desde que Transición Ecológica se puso en marcha de la mano de la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, Luis Mariano ha iniciado una batalla para que todos los movimientos que vaya a hacer Industria en relación con el certificado CITES dependan directamente de informes científicos emitidos por Transición Ecológica. Sin informe, no habrá movimiento alguno por parte de Industria. Pero parece que este paso dado por Luis Mariano no ha sido suficiente y quieren más. Mucho más.
El siguiente paso llevan tiempo intentarlo hacer. El Miteco busca no solo controlar mediante informes científicos los movimientos relacionados con el certificado CITES. También quiere dirigir las inspecciones que se realicen en relación con la cría en cautividad, la pesca o cualquier negocio relacionado con el negocio con animales. Y como de momento Transición Ecológica solo cuenta con un puñado de inspectores con pocas competencias, Luis Mariano ha encontrado la empresa pública perfecta para aportar la legión de inspectores animalistas que busca el Miteco.
Llevan tiempo intentándolo, pero el Supremo ya le ha cortado las alas a la administración pública una vez. Si se quiere realizar inspecciones desde el Gobierno e imponer las sanciones que se consideren, deben ser funcionarios públicos los que lo hagan, no empresas subcontratadas, por mucho capital público con el que cuenten. Aún así, Luis Mariano no ceja en su empeño y aún, según cuentan las fuentes consultadas, hay intención por parte del Miteco de absorber parte de Tragsa a golpe de talonario para contar con una legión de inspectores a su costa que condicionen los certificados CITES.
LUIS MARIANO Y TRAGSA: UNA RELACIÓN QUE NOS CUESTA MILLONES
La relación entre el Ministerio de Transición Ecológica y Tragsa viene de largo. Ya entonces la actual presidenta del PSOE, entonces ministra del Medio Ambiente, Cristina Narbona, ayudó, según las fuentes consultadas, a colocar a dos sobrinos con buenos salarios en esta compañía pública. La relación con Luis Mariano también es pública y notoria, ya que le han pagado a Tragsa 4,3 millones de euros por prolongar un fracasado proyecto dirigido por el propio jefe del área del Miteco que buscaba recuperar la población del urogallo en España. El primer proyecto, LIFE+Urogallo, costó siete millones de euros públicos y solo se sacaron adelante 23 urogallos en cinco años. Y ahora, Transición Ecológica ha vuelto a regar con otros tantos millones en plena pandemia a Tragsa para prolongar la agonía del chapucero proyecto de Luis Mariano. Solo en 2022 le darán dos millones de euros.
Todo esto es contexto que señala al mismo punto. Tragsa, «la navaja multiusos» del Gobierno, tal y como reza un publirreportaje sobre la empresa pública, quiere ser una parte fundamental del Gobierno. Una herramienta al servicio de directores generales que haga frente a sus necesidad. Quizá por eso la Comunidad Valenciana se ha convertido en accionista de Tragsa con una acción por valor de 8.000 euros para después vender los subcontratos de esta compañía pública como «medios propios». Si este modus operandi sigue adelante, las fuentes apuntan a que Luis Mariano podría encontrar la forma de utilizar a Tragsa como su particular cuerpo de inspectores para controlar el certificado CITES y así hacer realidad sus sueños. Controlar la pesca, la cría en cautividad o la tenencia de animales exóticos desde una perspectiva que todas las asociaciones de cría o pesca consultadas por este medio dan por segura: la animalista.
