Nuevo varapalo para los trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En esta ocasión el infortunio se ha cebado con los celadores. El motivo, la legislación frente a los furtivos. Un nuevo episodio que demuestra cómo estos trabajadores que velan por el mantenimiento de los ricos ecosistemas castellanoleoneses se ven atrapados en un marasmo de legislación que les ata toda acción en defensa de la naturaleza. El pasado 4 de febrero, el Consejo de Gobierno daba luz verde al proyecto para la nueva Ley de Caza en la región, rebautizada como Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. El artículo más gravoso es el 80, que ha puesto en pie a los celadores de Medio Ambiente.
ARTÍCULO 80, LA DEGRADACIÓN DE LOS CELADORES DE MEDIO AMBIENTE
¿Qué es lo que denuncian los celadores que dependen directamente de la Consejería de Medio Ambiente que preside Juan Carlos Suárez-Quiñones, uno de los que más vehementes se ha mostrado con la nueva regulación estatal sobre la caza del lobo? El articulado de la nueva Ley, sacada adelante con la premura que ha instaurado la intención del Gobierno de reordenar la situación del lobo en toda España, contienen en su artículo 80 el origen de esta disputa entre la Junta y los celadores.
En el se les relega su rol de agente de la autoridad en materia medioambiental, una función que vienen desempeñando desde hace más de 30 años, como señalan desde el colectivo, que ha manifestado en un comunicado enviado a MONCLOA.COM su malestar e indignación. Califican el hecho de gravísmo, ya que en caso de que se apruebe de forma literal la nueva norma en las Cortes de Castilla y León, serán simples auxiliares de la Autoridad y dejarán de contar con la protección jurídica que sus responsabilidades ahora sí les cubren.
TRES NORMAS QUE LES PROTEGEN
A día de hoy, y hasta la aprobación de la nueva Ley de Caza de Castilla y León, los celadores se consideran como un agente de la autoridad en el área de medioambiente, y por lo tanto están protegidos legalmente frente a los infractores. Así lo marcan las tres normas autonómicas aún en vigor: la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, la Ley 9/2013 de Pesca de Castilla y León y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.
Los celadores reclaman negociar su estatus y no modificarlo a fin de no mermar su capacidad de actuación en casos como la caza furtiva, situaciones de las que son los ejecutores en la actualidad. Apuntan más alto, pues entienden que de aprobarse tal cual la normativa, los únicos beneficiarios serán los furtivos, ya que tendrán más opciones de no acceder a las reclamaciones de los celadores que vigilan los ecosistemas naturales. Una desautorización y marginación, insisten, muy peligrosa.
Los celadores son los trabajadores que vigilan y custodian la flora y la fauna de los terrenos cinegéticos en régimen especial, espacios naturales y aguas continentales, las zonas donde más caza furtiva se concentra. Parte de sus funciones actuales, y que reclaman que no queden desamparada, es la denuncia de infracciones en ellas.
Por ello, apelan a la sensatez política de los procuradores regionales para que no ratifiquen la norma aprobada por el Consejo de Gobierno y tomen en consideración el informe del Consejo Económico y Social (CES).
