Las asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido que se acabe con la «impunidad» en los actos de homenaje a ETA, calificando de «afrenta» la propuesta del Gobierno de despenalizar el delito de enaltecimiento dentro de una reforma para acabar con la privación de libertad en los conocidos como ‘delitos de expresión’.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda que siempre ha defendido «explorar todas las vías» para evitar los ‘ongi etorri’ (acto de bienvenida a un preso de ETA tras ser excarcelado), incluyendo abrir la ‘vía administrativa’ a través de una regulación para imponer sanciones, algo que defiende el Ministerio del Interior.
Esta asociación aboga por imponer sanciones a las corporaciones locales que permitan estos actos, aunque lo ven como una «medida complementaria» a la penal, donde se castiga con penas de cárcel a los organizadores y participantes en este tipo de actos.
La AVT considera que hay que actuar contra la «impunidad» por la falta de respuesta desde los tribunales y reconocen que, con la redacción actual del artículo 578 del Código Penal, existe jurisprudencia que «pone difícil» perseguir el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Por este motivo, planteó hace tiempo sancionar con multas a las corporaciones locales a través de una reforma de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Ahora están a la espera de que el Ministerio del Interior concrete cuál es su proyecto en este sentido, después de que el pasado 2 de febrero Fernando Grande-Marlaska asegurara en el Senado que está ultimando un cambio en esta ley 29/2011 para incorporar un «nuevo régimen sancionador» que permita acabar con los actos de homenaje que se brindan a presos de ETA, algo que definió como «incompatible con la dignidad de las víctimas».
La AVT plantea incluso recurrir a otras leyes como la de seguridad ciudadana o la del derecho a la manifestación, pero con el objetivo último de «evitar que los etarras sean recibidos como héroes en sus pueblos». En este sentido, recuerda que disponen de un informe que recoge que los actos de homenaje causan un impacto psicológico negativo a las víctimas.
COVITE CRITICA LA PROPUESTA
Aunque se muestra «escéptico» respecto a introducir sanciones administrativas, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) también ha rechazado la posible despenalización, centrando sus críticas en la proposición respaldada por Unidas Podemos –partidario de la derogación– al entender que «ignora deliberadamente el culto a ETA y a sus terroristas» en el País Vasco y Navarra.
COVITE alerta de que los partidos se centren exclusivamente en criticar las condenas a raíz de expresiones de apoyo al terrorismo en redes sociales o manifestadas por cantantes u otros artistas, como es el caso de Pablo Hasel.
La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, ha señalado directamente a los jueces de la Audiencia Nacional, al ser «la única institución que se empeña en seguir negando que lo que denunciamos son homenajes a terroristas, puesto que sigue calificándolos como manifestaciones de alegría». «Es la principal institución responsable de que estos actos se sigan celebrando con total impunidad», ha añadido.
En su opinión, la supresión del artículo 578 del Código Penal dejaría «todavía más desprotegidas a las víctimas del terrorismo ante esta dolorosa realidad que sólo revictimiza a las víctimas y que no contribuye en absoluto a construir una convivencia en paz y libertad tras el cese del terrorismo etarra».
El colectivo ha apuntado que, si saliera adelante la proposición de Podemos, «se estarían contradiciendo las últimas recomendaciones del Parlamento Europeo respecto a cómo abordar el problema de los homenajes públicos a terroristas», en referencia a las recomendaciones del 12 de diciembre de 2018 y del 17 de noviembre de 2020.
DIGNIDAD Y JUSTICIA
Otros colectivos como Dignidad y Justicia también han recordado que llevan más de 20 años con proyectos relacionados con el artículo 578 del Código Penal, que ven plenamente constitucional frente a un «ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión que pone en peligro el orden público y la paz social».
La tesis la recoge el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, en un artículo publicado en ‘La Razón’ donde censura la proposición de Unidas Podemos. «¿Cómo se puede ser tan hipócrita y se puede estar solicitando la derogación del enaltecimiento del terrorismo y a la vez querer implantar y penalizar el enaltecimiento del franquismo con nuevas leyes que persiguen esta ideología?», se pregunta.
