El Ministerio Fiscal ha defendido este lunes durante el juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y otros acusados por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja ‘b’ del partido, que no debe ser objeto de enjuiciamiento el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por ello.
Durante la fase de cuestiones previas con la que ha comenzado la vista, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha apuntado que tampoco se debe tratar en este juicio el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.
Mantiene esta posición apoyándose en jurisprudencia, en concreto en la denominada doctrina ‘Botín’, para recalcar que no se puede seguir adelante con estas acusaciones porque únicamente las defienden acusaciones populares.
Asimismo, tampoco considera que Bárcenas pueda ser juzgado por apropiación indebida, como cooperador necesario del ya difunto Álvaro Lapuerta (extesorero del PP), de dinero de la caja ‘b’ para la compra de acciones de Libertad Digital, y esto lo sustenta en que es cosa juzgada y hay prescripción del delito. Este asunto se vio en el juicio por la primera etapa de ‘Gürtel’.
TAMPOCO VE DELITO ELECTORAL
Además, el fiscal ha apuntado que a pesar de que diversas acusaciones hablan en sus escritos de acusación de delitos electorales «la prueba que se propone puede resultar inútil» por lo que piden que se reconsidere.
Al hilo, ha mantenido que el juez instructor negó realizar las pruebas solicitadas al respecto por diferentes acusaciones. «No ha sido objeto de investigación y no ha sido imputado por ello ninguno de los acusados», ha añadido.
Sobre la parte que se investigó en instrucción relacionada con el asunto ‘Sufi’, que tiene que ver con un contrato de gestión de basuras de la ciudad de Toledo, ha apuntado que se excluyó durante la investigación en favor de un juzgado de Toledo. Por eso considera que se debe desestimar la testifical de, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que propone la acusación popular de Adade. «Si no se va a enjuiciar esos hecho tampoco tienen por qué testificar», ha dicho.
Tras la exposición por parte del fiscal, tanto la Abogacía del Estado como las acusaciones populares han declinado proponer ninguna cuestión previa al arranque de las declaraciones de los acusados ante el tribunal. Pero quien sí ha intervenido han sido las diferentes defensas de los acusados.
EVITAR «FUEGOS DE ARTIFICIO»
Por parte de la defensa de Gonzalo Urquijo, administrador de Unifica, se ha solicitado al tribunal que se expulsen del juicio oral aquellos hechos que no se enjuician para evitar «fuegos de artificio», y han añadido que desde su punto de vista la Audiencia Nacional no debería haber atendido esta causa porque es más propia de los juzgados madrileños.
Con todo, ha interesado la prescripción para su defendido de los tres delitos fiscales de los que se le acusa como administrador de la empresa que realizó las obras de reforma en Génova 13. En concreto se ha referido al delito fiscal contra la Hacienda Pública relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 para subrayar que estaría prescrito dado que no cabe la figura de delito continuado en este caso.
También ha alegado que habría prescripción para el delito por el impuesto de sociedades de 2007, ya que expiraba en junio de 2013. Y ha recordado que en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ hay apuntadas salidas en favor de Urquijo en 2006 y en 2008, pero no se hallan apuntes de 2007.
El abogado, Luis Jordana de Pozas, también se ha referido al presunto delito que su cliente habría cometido en relación con el IVA de 2010 y ha recordado que no es objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal, sólo por la Abogacía del Estado. Al hilo, ha indicado que según doctrina de los tribunales económicos administrativos incardinados en el Ministerio de Hacienda la Administración «no puede revisar» con ocasión del periodo no prescrito los saldos de periodos ya prescritos.
Además, ha añadido que solicita la expulsión de los escritos de acusación de las acusaciones populares que van «más allá del objeto del procedimiento», y que se rechace la práctica de pruebas que no estén relacionadas con el impuesto de sociedades de 2007 y con el IVA de 2010.
«ESTA NO ES NUESTRA GUERRA»
La defensa de Belén García, acusada como socia de Unifica, ha apuntado durante su turno que a su cliente no se le cita como investigada hasta 2014 por lo que la prescripción del delito relacionado con el impuesto de sociedades de 2007 «es de una evidencia palmaria».
Sobre el delito relacionado con el pago del IVA de 2010 se ha ceñido a lo expuesto por el abogado de Urquijo y ha reiterado que la premisa fundamental en ese tipo fiscal es que cada delito y cada ejercicio se castigan separadamente». Al hilo, ha apostillado que esto «es derecho puro y duro, no política» y ha advertido de que «la guerra de Bárcenas con el PP» no es ni su guerra ni su circo.
Por eso, ha pedido para su patrocinada que se le libere de la carga de la pena de banquillo y ha solicito sin demora que la Sala decida sobre los delitos que le imputan y que dicte en consecuencia auto de prescripción.
«INFRACCIÓN PROCESAL»
EL letrado de la acusada Laura Montero, quien fuera empleada de Unifica, ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral para su mandante alegando que se mantiene sólo por acusaciones populares, algo que es una «infracción procesal».
Al hilo ha explicado que la causa comienza por una supuesta contabilidad ‘b’ del PP y que ese fue el motivo por el que entran las acusaciones populares con el objetivo de defender el correcto funcionamiento de la administración pública.
«Pero eso se ha diluido, actualmente se juzga el delito fiscal de Unifica», ha apuntado para acto seguido recalcar que Montero «no es ni actor terciario» y que la acusación contra ella es de «trazo grueso» porque no se precisa su participación en los hechos.
Por eso, ha incidido en que se debe resolver y solucionar la situación de su cliente porque lleva siete años soportando la pena de banquillo «con peticiones de pena exageradas y con embargos millonarios».
Por su parte, la defensa de Unifica, que comparece como responsable civil, ha precisado que la empresa no está cerrada a día de hoy pero que de facturar millones ha reducido el negocio hasta quedarse con un solo trabajador y tener unos beneficios cien veces menores a cuando estalló esta causa. «Y no se cierra por orgullo de sus dueños, que se niegan a que lo que lograron con tanto esfuerzo se cierre por este procedimiento», ha dicho.
Además, ha pedido que los acusados de Unifica sean dispensados de la obligación de acudir a las sesiones de la vista porque siguen manteniendo actividad profesional, y ha presentado un informe pericial que contradice los informes de la agencia tributaria sobre los que se sostienen las acusaciones de delitos fiscales.
