La modificación que ha hecho el consejero de Transportes, Ángel Garrido, de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid ha sentado como una patada en el pecho a los taxistas, que han respondido sin titubeos ante el político naranja con un aviso: pedirán al Gobierno regional una indemnización de 2.000 millones de euros por los daños que causaría esta regulación en el «pasado, presente y futuro».
La Comunidad de Madrid, ante el golpe a los turismos con conductor VTC (licencias que utilizan los trabajadores de servicios como Uber o Cabify) previsto para 2022, año en el que las comunidades podrán regularizar a los VTC de forma que, incluso, anulen parte de su estructura, ha indemnizado a estos conductores con tiempo. Esto es: les permitirá seguir operando durante estos dos años de manera equiparada a los taxis, aunque con algunas nuevas obligaciones.
Esto va en línea de la decisión adoptada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en 2018, cuando trasladó las competencias sobre la regularización de estos servicios a las autonomías, y permitió a las VTC seguir operando estos años como forma de intercambio por los grandes cambios que podrá traer 2022, fecha a partir de la que las comunidades podrán decidir qué licencias renuevan y cuáles no, lo que podría suponer un hachazo a los conductores de Uber y Cabify.
«Todos los taxistas vemos cómo se incumple la normativa»
En este contexto, y pese a que la reforma introducida por el consejero madrileño de Transportes de Madrid, Ángel Garrido (Ciudadanos), contiene nuevas normas para los conductores de VTC como la obligación de pasar un examen tipo test para trabajar y una imposición más estricta de sanciones, el sector del taxi no está para nada satisfecho.
Consideran esta moratoria para los de Uber un nuevo sangrado para las «más de 20.000 familias» que dependen del taxi en la Comunidad de Madrid. Porque, sobre todo, el anuncio por parte de Garrido de la creación de una nueva autorización para estos conductores privados (VTC-Comunidad de Madrid), ha sorprendido ingratamente a los taxistas, aunque esta cumpliría el ratio 1/30 (1 VTC por cada 30 taxis).
LOS TAXISTAS SE PLANTAN FRENTE A AGUADO
Esta nueva autorización confirmaría que la Comunidad capitaneada por Isabel Díaz Ayuso quiere seguir conviviendo con los operadores privados. En resumen, la nueva normativa anunciada por Ángel Garrido promoverá una profesionalización de los servicios que ofrecen Uber y Cabify, empresas que acaban beneficiando a «tres o cuatro» personas, a sus dueños (entre los que hacen mención al magnate de las licencias Jaime Castellanos), pero no a la comunidad, según trasladan a MONCLOA.com desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM).
Porque la realidad, como señalan desde la asociación, es que los VTC siguen violando las normativas, como por ejemplo «deambulando por las calles», cosa que un taxi puede hacer (pasear por la calzada esperando a clientes), pero un Uber no, ya que requiere de una per-contratación cuyas reglas, no obstante, también se saltan, al ocurrir esta de forma «inmediata» a través de la app. Por todo ello, «estamos en contra de esta nueva licencia», dice la FPTM sobre el nuevo certificado que prepara Aguado.
«Todos los taxistas vemos cómo se incumple la normativa», infieren desde la FPTM. Pero la alta imposición de sanciones a estos conductores por viajar por las calzadas entre servicio y servicio no suponen un impacto real a su negocio, señalan.
NUEVAS EXIGENCIAS A LOS DE UBER
Con todo ello, Ángel Garrido ha anunciado nuevas obligaciones que tendrán que cumplir los conductores privados, nuevas regulaciones que también pueden y probablemente impondrán el resto de comunidades.
Básicamente, se requerirá la realización de un examen tipo test, el deber de tener al menos un año de antigüedad en el carnet B de conducción, y la prohibición de circular o estacionar alrededor de zonas como aeropuertos, estaciones, hoteles, hospitales o centros comerciales. También se les prohíbe a los VTC circular a menos de 100 metros de grandes concentraciones de personas como en eventos culturales, deportivos, etc.
Por otro lado, los vehículos habrán de contar, igual que los turismos de los taxistas, con la certificación ecológica Cero o ECO de la DGT, y al menos el 5% de la flota deberá estar adaptada para clientes con movilidad reducida.
Garrido ha explicado: «Vamos a actuar con responsabilidad porque si no hiciéramos nada a partir de septiembre de 2022 las VTC no podrían seguir prestando servicio en nuestras ciudades, lo cual yo creo que sería francamente malo para la movilidad de los ciudadanos».
