Vox registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para «prohibir y sancionar» a las grandes empresas tecnológicas y de redes sociales que pretendan «censurar» voces «libres» y «suplantar» el papel de los parlamentos nacionales.
Así lo ha anunciado este lunes la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, durante una intervención en Executive Forum en la que ha denunciado la existencia de un movimiento para «controlar la opinión pública» y así condicionar a la ciudadanía.
Para ello ha puesto el ejemplo de Twitter, que suspendió la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump o la pasada semana la de Vox por un mensaje que, según la red social, «incita al odio». Sin embargo, Olona ha recordado que el partido tiene una actividad «muy intensa» en esta plataforma y la suspensión coincide con la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña.
«Se compartan o no las opiniones Trump o de Vox, cualquier demócrata tiene que estar en la casa común de preservar los derechos y libertades», ha sostenido acusando a las grandes plataformas tecnológicas de intentar «suplantar la voluntad soberana de los parlamentos nacionales».
En este intento de controlar la opinión pública, Olona ha incluido también a las denominadas agencias de verificación de datos y a la comisión para el control de la desinformación creada por el Gobierno y que Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
ESPAÑA, COMO VENEZUELA EN 1999
Todo ello, a su juicio, se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de hacerse con el control de todos los poderes del Estado. Y ha comparado la situación de España con la de Venezuela en 1999, cuando Hugo Chávez inició un camino «que ha acabado en miseria». «Cuando el poder Ejecutivo prueba las mieles del poder absoluto, luego es muy difícil desandar ese camino», ha advertido.
Frente a esta andadura, Olona ha insistido en que «solo queda Vox», que ha recordado que ha interpuesto hasta once recursos de inconstitucionalidad durante el último año, a los que próximamente se sumarán tres más: contra la Ley Celáa, contra la Ley de eutanasia y contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso.
