El grupo parlamentario de Vox ha pedido al Gobierno que le remita el expediente relativo al contrato que, por valor de más 17.000 euros, ha adjudicado la Secretaría de Estado de Cooperación a Ana Bustinduy, hermana del que fuera secretario de Internacional y diputado de Podemos Pablo Bustinduy.
La citada secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores ha adjudicado a Bustinduy –a su vez hija de la socialista Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad con Felipe González– un contrato de asistencia técnica para el refuerzo de acciones destinadas a la «erradicación de la discriminación, la violencia y cualquier vulneración de derechos por razón de orientación e identidad sexual y empoderamiento de las personas LGTBI».
La diputada de Vox Lourdes Méndez ha pedido al Ejecutivo que le envíe copia de todo el expediente administrativo de esta adjudicación. En su iniciativa, la parlamentaria murciana recuerda la trayectoria de Bustinduy como dirigente de Podemos siempre estuvo relacionada con la política internacional y de cooperación.
El exdiputado, próximo en su momento al ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, fue el portavoz del partido morado en la Comisión de Asuntos Exteriores. En 2019 ganó las primarias para ser cartel electoral de Podemos en las europeas de aquel año, pero acabó renunciando a su candidatura, dos meses después de que Errejón rompiera con el partido de Pablo Iglesias y dejara su acta en el Congreso.
Con la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos hace poco más de un año, su nombre estuvo en las quinielas para formar parte del Ejecutivo, pero no en un ministerio de Podemos, sino en el departamento de Asuntos Exteriores que dirige Arancha González Laya.
Según recuerda Mández en su iniciativa, precisamente sonó para ocupar la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo o la propia secretaría de Estado que ahora ha contratado a su hermana.
Desde Vox acusan al Gobierno de haber realizado contratos opacos, negociados sin publicidad, escudándose en la situación de excepcionalidad provocada por la declaración del estado de alarma para combatir al coronavirus. También le afean lo que consideran un «abuso» de los contratos menores y un «mal uso» de la Plataforma de Contratación Pública por no dar publicidad a los criterios aplicados para las adjudicaciones.
La Ley de Contratos del Sector Público establece un límite máximo en el valor estimado para los contratos menores: 40.000 si son contratos de obras o 15.000 si son de suministro o de servicios. El de Cooperación con Bustinduy, según el Portal de Transparencia, fue adjudicado por 14.460 euros (17.496,60 euros con el IVA incluido).
Méndez recuerda que para la realización de los contratos menores, el órgano de contratación ha de emitir un informe en el que concrete la necesidad del mismo y que no está alterado su objeto para forzar los umbrales de esas cantidades.
También debe aprobar el gasto, incorporar la factura correspondiente al contrato y y publicarlo, indicando su «objeto, duración, importe e identidad del adjudicatario».
Lo que Méndez quiere que le envíe el Ministerio de Asuntos Exteriores es el expediente completo del contrato adjudicado a Bustinduy para tener acceso a todos esos datos, especialmente los que justifican la «necesidad» del mismo y la «solvencia técnica, profesional y económica» de la contratada.
