Mientras empresarios y autónomos celebran la prórroga de los ERTE y las ayudas hasta finales de mayo, cumpliéndose así un año desde su entrada en vigor, Ada Colau y su equipo del Ayuntamiento de Barcelona han publicado una llamativa licitación pública: destinará aproximadamente 192.750,40 € IVA incluido en promocionar en redes sociales y web el área de la Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria. En total, son cuatro lotes que se distribuyen en comunicación digital y comunicación offline, cada uno de ellos documentado con su estimación de costes. Todo para el autobombo de su cruzada en favor de la economía social y el consumo responsable que en los últimos años se ha llevado interesantes partidas presupuestarias y subvenciones.
BARCELONA 2030: EL PLAN COLAU
La Estrategia de la Economía Social y Solidaria en Barcelona 2030 fue presentada como uno de los grandes ejes de la política social de Ada Colau cuando llegó en 2015 al consistorio de Barcelona. El objetivo que venden desde el área y la propia política pasa por impulsar un modelo económico y social que se base en la “gestión democrática y participativa, comprometida con la comunidad”. Por supuesto, está orientada a las “necesidades humanas”.
Históricamente, el gobierno de Ada Colau no ha escatimado recursos para financiar a organizaciones y proyectos que entran dentro de su concepción de modelo económico de gestión para la ciudad. Tal y como consta en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Barcelona, desde 2015 a 2018, colectivos como la Xarxa de Consum Solidari (XCS) no han dejado de sumar ingresos provenientes de subvenciones o contratos municipales.
Esta asociación en concreto obtuvo la nada despreciable cifra de 265.000 euros solo en 2018. En 2018, las partidas ascendieron hasta los 265.000 euros. ¿;‘Consumo crítico, soberanía alimentaria y feminismo’ o el plan de comunicación para los mercados de payés. El año anterior, justificado como tareas de divulgación del consumo responsable y de turismo y clases populares, se le asignaron 240.000 euros.
UN LOTE EXCLUSIVO PARA ¿TRABAJO INCLUSIVO?
El anuncio de la licitación de Ada Colau para seguir favoreciendo a estos colectivos y alimentar el autobombo tiene por objeto la «contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la gestión y redacción de contenidos de economía social y consumo responsable«. También se destina a la Impresión de materiales; para el diseño y maquetación de productos de comunicación y papel y al mantenimiento de la web de la dirección de servicios de economía cooperativa, social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible», según reza en las cláusulas administrativas.
Según consta en la licitación pública, el periodo contratado son dos años, con opción de prorrogar el contrato un año más. Además de los servicios contratados, se «reserva» una partida presupuestaria para el concepto de bolsa de horas. Veamos los lotes que componen el proyecto de difusión de las iniciativas del gobierno de Colau.
- El LOTE 1: Gestión, redacción y mantenimiento de contenidos de los canales, y diseño de materiales de Economía Social y Solidaria y de Consumo Responsable.
- En el LOTE 2: Impresión de materiales de Economía Social y Solidaria y Mercado Social-Consumo Responsable: CONTRATO RESERVADO.
- Según la licitación, el LOTE 3 incluye: Diseño gráfico y maquetación de documentos de Economía Social y Solidaria y Consumo Responsable.
- LOTE 4: Mantenimiento y actualizaciones de la web de Economía Social y Solidaria y Mercado Social-Consumo Responsable.
Llama la atención que, de los cuatro lotes, reserve el de menor partida presupuestaria a las entidades CETIS y Empresas de Inserción Social (EIS), o de integración social. La ley de contratos públicos (LCP), obliga a las administraciones a establecer un porcentaje de reserva de mercado para las empresas de inserción dentro de su volumen de contratación.
COLAU IMPONE EL CATALÁN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE
Aunque existe una normativa que permite la predominancia de las lenguas cooficiales allí donde están reconocidas, y entidades públicas de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares hacen uso de esta prerrogativa, el caso catalán es clamoroso. Si bien en la página inicial de acceso a las licitaciones del ayuntamiento o de cualquier otra administración catalana aparece el castellano como una opción de lengua más, en cuanto se navega por el sistema, desaparece. Es más, las licitaciones como la promovida por Ada Colau y su equipo ni siquiera están traducidas al castellano.
En Galicia y País Vasco, por poner dos ejemplos de regiones históricas como la catalana, siempre publican las licitaciones en ambos idiomas. En el caso de la administración de Cataluña, implica un perjuicio para el resto de empresas españolas no afincadas o con personal que entienda el idioma.
¿CONTRATOS SOBREDIMENSIONADOS O ESCLAVISTAS?
Este tipo de licitaciones públicas invitan a reflexionar sobre las condiciones en las que se establecen y qué tipo de relaciones contractuales animan a consentir. En el caso de la licitación del gobierno de Colau, vemos que, por ejemplo, en el primer lote, estima en cinco personas las que estarían ‘contratadas’ para ejecutar ese servicio.
Teniendo en cuenta que se contemplan como referencia salarial los convenios correspondientes de prensa y publicidad, respectivamente, resulta clamoroso que el jefe de proyectos, situado en la cima jerárquica sea el que menos ‘sueldo’ contemplen en su reparto de fondos -por supuesto, esto tiene muy poco trasunto en la realidad empresarial-. Estos sueldos correspondes a un trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes (eso sí, promoviendo Colau y su área económica la flexibilidad laboral), con la opción de que se puedan requerir los servicios de los perfiles contratados para que cubran eventos en directo (uno al mes y otro en lo que denominan ‘semidirecto’, o lo que es lo mismo, estar pendiente y retransmitiendo en falso directo), en fines de semana o fuera de horario oficial.
La siguiente descompensación que invita a pensar que este tipo de contratos están sobrevalorados y al mismo tiempo promueven contrataciones en condiciones deplorables -tenga el lector en cuenta que esto es la licitación base, por lo que la adjudicación final corresponda a una oferta de menor importe-. En las condiciones se explicita que el contrato tiene una duración máxima de dos años y una prórroga de 12 meses más desde el día siguiente a la firma de la formalización o la fecha en la que ser firma el contrato. Sin embargo, todas sus estimaciones de costes y recursos incluyen cuatro años de proyecto, sacando partidas que no se entienden muy bien cómo calculan ni de qué previsiones salen.
