El Tribunal Constitucional (TC) discutirá en el Pleno que comenzará a celebrarse este martes la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes, una cuestión siempre discutida por los ya condenados y que se incluye en el primer recurso que se verá contra la sentencia, el presentado por la ex consejera de Gobernación Meritxell Borrás, penada con inhabilitación y multa.
Fuentes del tribunal de garantías señalan que la ponencia, del magistrado Cándido Conde-Pumpido, respalda la tesis del alto tribunal respecto a su competencia para entender de la causa por rebelión, que ha sido defendida por la Sala presidida por Manuel Marchena desde el inicio del procedimiento. Esta visión será previsiblemente compartida por el Pleno del tribunal de garantías.
Los primeros recursos por falta de competencia se presentaron contra la instrucción realizada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, si bien este argumento siempre fue rechazado por la Sala, al entender que, en el caso de los delitos de rebelión y sedición (por el que fueron finalmente condenados) la ley española prescinde del lugar de comisión de los hechos a la hora de atribuir el conocimiento de esta conducta a la jurisdicción española.
Así, al ser además un delito que afecta a todo el Estado, se otorgó la competencia al alto tribunal en vez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es donde los líderes independentistas reclamaban ser juzgados. Este argumento es reproducido por Borrás en el recurso que se verá a partir de mañana, según las mismas fuentes.
RESPUESTA A BÉLGICA
La posición del Tribunal Constitucional sobre este asunto gana actualidad tras la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega del también ex consejero huido Lluis Puig, precisamente por acoger sus argumentos de falta de competencia del alto tribunal español respecto a la instrucción de la causa que sigue llevando Llarena contra él.
De hecho, las defensas de otros condenados, los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han solicitado recientemente al TC su inmediata puesta en libertad esgrimiendo precisamente los argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar a Puig.
Según sus escritos, que aún no han sido resueltos, la consecuencia directa que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga debería ser «la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales» y, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo, solicitan la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria y por ende «la inmediata puesta en libertad» de todos ellos.
Se refieren al argumento empleado por los jueces belgas de considerar que no existe una base legal explícita para ampliar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados, que fueron los de rebelión/sedición y la malversación de fondos públicos.
Así, al igual que Borrás en el recurso que se verá mañana, alegan la a existencia de una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le correspondía para enjuiciar los hechos privándoles adicionalmente de su derecho a la doble instancia.
La decisión con respecto a Borrás, por tanto, de confirmarse la competencia del Supremo por el tribunal de garantías, tendrá aplicación también en uno de los principales argumentos que esgrimen el resto de condenados ahora en prisión, cuyos recursos, incluido el del exvicepresident Oriol Junqueras, se verán en los próximos meses.
