Hay becas. El problema es que no para todos los estudios. Si uno se matricula en la carrera de historia del arte y quiere hacer un doctorado sobre Claude Monet, tiene menos papeletas para que le toque una beca que si decide realizar un posgrado de estudios de género. Ya puede ser un trabajo sobre las diferentes variantes de la transexualidad, el género no binario o los queer, cualquier estudio universitario relacionado con el feminismo tiene premio estatal. Concretamente, hasta 600.000 euros en forma de ayuda directa se han ido en 2020 a subvencionar este tipo de actividades y trabajos gracias al empeño del Instituto de la Mujer, que depende directamente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La pandemia no ha sido un escollo para que este organismo público haya dado un buen mordisco al erario público y se lo haya gastado en subvencionar directamente los estudios feministas que consideraran. Aquí hacemos un repaso sobre cómo Montero orienta (y premia) a los estudiantes en los estudios de género.
Son 600.000 euros los que se fueron en 2020 para becar lo que el Instituto de la Mujer considerase. Beatriz Gimeno, la directora, ha podido premiar bajo su entero criterio qué era digno de ser subvencionado y qué no. Por ejemplo, un seminario de trabajo y género titulado “Por un empleo digno en el sector de cuidados: superando los roles de género” elaborado y presentado en la Universidad de León era digno de recibir una ayuda pública de 11.000 euros. También en la Universidad de Lleida un estudio sobre “Discursos y prácticas feministas en los medios de comunicación y las redes sociales”, ha sido digno de recibir nada menos que 6.500 euros públicos. Y esto son solo dos pequeños ejemplos, pues para cerrar la convocatoria hay que llegar a la cifra mágica.
Si apuestas fuerte por los estudios de género, el Instituto de la Mujer de Beatriz Gimeno apuesta también fuerte con dinero público por tí. Es el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que por elaborar un Máster universitario Oficial en estudios de género llegó a pedir una subvención de 44.917,50 euros frente a los 15.000 euros que les concedieron. No es nuevo, pues el Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la Jaume I también se ha llevado un pico de 10.000 euros.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, no se ha pasado de frenada. Como máximo ha concedido subvenciones de 15.000 euros, a pesar de que hay otras universidades como la de Barcelona que ha pedido hasta 19.600,00 euros por impartir un máster en Estudios de la Diferencia Sexual. Que es Semipresencial y online, además de ser un título propio de la Universidad de Barcelona.
Las universidades saben que todo estudio o trabajo que se centre en igualdad de género o estudios feministas en general es susceptible de dar un mordisco a las arcas públicas. Las peticiones de los centros universitarios españoles se extienden por toda la geografía española y algunas, como la de la Universidad Complutense de Madrid, se vienen arriba y piden casi 45.000 euros por impartir un máster en igualdad de género. Con la arqueología o la historia del arte no es tan fácil, pero con el universo de Irene Montero es fácil cobrar una ayuda directa del Instituto de la Mujer con la que no dar explicaciones a nadie.
En total, las ayudas concedidas por el Ministerio de Igualdad a estudio de igualdad de género son 51, ya sea a postgrados o a actividades relacionadas con el feminismo. Un chollo que asciende a 600.000 euros y que previsiblemente aumentará considerablemente este 2021, dado que si en plena pandemia el ministerio de Montero entendió que era oportuno conceder estas ayudas públicas a este tipo de estudios, ahora que tiene un presupuesto de 451 millones de euros se lo pasará mejor subvencionando los estudios de género en las universidades. Una pena que las ciencias sociales no tengan un ministerio tan específico y con un presupuesto tan inflado.
Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha metido mano a las becas. Pese a que convivió con el sistema de concesión de ayudas de Ignacio Wert durante un tiempo, es cierto que a pesar de la pandemia, el PSOE en coalición con Unidas Podemos no ha recortado el dinero destinado para ayudar a los estudiantes. El problema es cómo se conceden esas ayudas, que ahora siguen criterios relacionados con los ingresos de los familiares como prioridad, y no solo la meritocracia, como impuso el exministro de Educación Wert.
Por supuesto, el Ministerio de Ciencia e Innovación concede ayudas a proyectos universitarios relacionados con el área que le comete. También los demás ministerios tienen su parte del pastel a la hora de conceder ayudas directas a lo que consideren en el área de la educación, pero el peso del dinero que se concede directamente a un tema tan de nicho como es la igualdad de género ha llamado la atención e incluso generado cierto malestar dentro de las filas socialistas, pero no porque estén desacuerdo, sino porque consideran que las becas deberían seguir un criterio genérico.
De hecho, la nueva ley educativa promovida por la minsitra y exportador del Gobierno Isabel Celaá prevé aumentar considerablemente el importe destinado del dinero de las arcas del Estado para becas y otras ayudas universitarias. Con esta nueva ley, se ha llevado a cabo la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio y se ha incrementado el presupuesto destinado a las mismas un 35%, lo que supone 515 millones de euros más en el presupuesto de 2021 hasta alcanzar un montante total de 2.090 millones de euros, el mayor presupuesto de becas alcanzado hasta ahora.
“La LOMLOE impulsa la universalización de la educación de 0-3 años, con la creación de más de 21.000 plazas, para la que se han destinado 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Además ya han comenzado los trabajos para aprobar un currículo más competencial y que fomente el uso de nuevas metodologías educativas, y para diseñar un plan contra el abandono escolar prematuro. Entre las medidas adoptadas para reducir el abandono escolar, se ha puesto en marcha el programa PROA+ 20-21 con una inversión de 125 millones de euros”, detallan desde el Ejecutivo.
