El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este viernes de que, si se mantiene definitivamente el 14 de febrero como fecha de las elecciones catalanas, habrá una alta abstención porque la ciudadanía tendrá miedo de ir a votar: «Se está jugando con fuego».
Lo ha dicho en una entrevista de TV3, al ser preguntado sobre si cree que celebrar elecciones el 14 de febrero con la situación epidemiológica actual cuestiona la legitimidad de los comicios: «Esperemos que no, pero se está jugando con fuego», y ha defendido que el derecho a voto se debe ejercer con plena libertad y seguridad.
Aragonès ha insistido en que, pese a que el Govern trabajará para tener todos los dispositivos electorales a punto, la situación sanitaria del 14 de febrero puede provocar que todas las medidas sean insuficientes.
Por eso, ha reiterado que el 30 de mayo –la fecha a la que trasladó el Govern la convocatoria electoral– es mejor para celebrar los comicios, ya que calcula que habrá entre un 10 y un 30% de la población vacunada, y la situación no será tan «crítica» como en febrero o marzo.
Ante este escenario, ha llamado a la ciudadanía a votar por correo para que «ningún voto se quede en casa» por miedo a la pandemia y ha reclamado especialmente que no se pierda ningún voto independentista.
El vicepresidente ha recalcado que ahora mismo la decisión sobre las elecciones está «en manos» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que ha criticado porque el Govern todavía no dispone de la argumentación que alega el tribunal para mantener de manera cautelar el 14F.
Así, ha afirmado que primero quiere leer cuáles son las razones del TSJC para rechazar el aplazamiento de las elecciones y, a partir de ahí, el Govern estudiará qué puede hacer.
Sobre si se plantea recurrir la decisión del tribunal, ha contestado que existe la opción de hacerlo pero que primero quiere analizar qué argumenta el TSJC, aunque no ha querido avanzar nada para no añadir «más incertidumbre».
Sí que ha reclamado al TSJC que tenga en cuenta la situación de la pandemia, ya que cree que es excepcional, y le ha pedido celeridad: «Estamos en una situación excepcional y la justicia debe tomar también decisiones excepcionales. No podemos ir lentos», ya que el tribunal se ha fijado resolver el fondo de la cuestión antes del 8 de febrero, cuando se llevará más de una semana de campaña y quedarán seis días para las elecciones.
«Que piensen rápido porque, si no, sospecharemos que detrás hay una operación de Estado. El PSC señala y otros hacen el trabajo», ya que ha tachado de electoralista el papel de los socialistas.
También ha señalado que poner en marcha todo el dispositivo electoral para el 14 de febrero supone un coste de 30 millones de euros, que, si finalmente el TSJC avala posponer las elecciones, quedarán «echados por la ventana».
Al ser preguntado por si convocará a la mesa de partidos catalanes para abordar la situación, ha contestado que ahora mismo la decisión sobre las elecciones no depende de los grupos políticos, sino de la justicia, pero que, una vez sepan qué argumentación utiliza el TJSC para mantener el 14F, lo valorarán.
Sin embargo, ha criticado que, según él, se ha demostrado que, aunque los partidos estén de acuerdo en tomar una decisión como posponer las elecciones al 30 de mayo, con un recurso judicial se puede modificar esa decisión.
