El lehendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, se ha sumado a las previsiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Todos auguran un 2021 movido, con disturbios sociales y han utilizado recursos públicos para reforzar el material antidisturbios, así como el parque móvil de la policía (ya sea municipal, nacional o autonómica) para controlar los posibles problemas que puedan producirse a lo largo del año. En el caso de Urkullu, el lehendakari ha decidido gastarse más de cuatro millones de euros en comprar 53 furgonetas blindadas antidisturbios para la Ertzaintza, prácticamente renovar el parque móvil entero, que se sumará al antiguo, para tener una capacidad de respuesta contundente en caso de que se produzcan disturbios.
«Las necesidades de desplazamiento, hoy en día, que tiene la unidad para la protección ciudadana nos aconseja dotarles de un vehículo con otra serie de características diferentes a las actuales», justifica el jefe de área de aprovisionamientos y administración, Jon Ander Azkarate Muñoa en un documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com. Esas «características diferentes» insalvables que costarán a las arcas públicas vascas 4.134.000,00 euros son techos más altos y mayor capacidad, básicamente. El objetivo es que los policías sean capaces de «tener unidades suficientes y en condiciones que permitan desarrollar convenientemente la labor policial encomendada». Parece ser que, hasta el momento, las furgonetas de las que disponía la Ertzaintza no tenían la suficiente altura y capacidad como para que los agentes desempeñaran su labor.
Concretamente, se adquirirán dos tipos de vehículos. Unos con carrocería de longitud media y techo elevado y otros con carrocería de longitud media y techo bajo. Del primer lote comprarán hasta 43 furgonetas, y del segundo 10 vehículos más. En total, el parque móvil de la Ertzaintza aumentará en 53 automóviles blindados y preparados para la policía autonómica. «Los vehículos de los dos tipos serán de la misma marca y modelo y sólo se diferenciarán en el dimensionamiento de altura y aquellos elementos del vehículo y su transformación sobre los que tenga afección esta variación de cota», detallan en otro documento de especificaciones al que ha tenido acceso este medio.
Respecto a las especificaciones técnicas, los coches tienen que tener 150 CV como mínimo y deben ser diésel, híbrido o aquel que permita el uso alternativo de gasolina o gasoil con gas. También los quieren con caja de cambios automática. El nivel de detalles técnicos es exhaustivo, pero lo que llama la atención es el precio de cada furgoneta, que rondará los 80.000 euros aproximadamente cada una, un precio considerable que se cargará en plena pandemia a las arcas públicas vascas. El problema para Urkullu es que las actuales furgonetas blindadas de las que disponen tienen 13 años de antigüedad, algo que no es de recibo para el Gobierno Vasco, razón por la que han desembolsado los cuatro millones de euros públicos.
Lo cierto es que el procedimiento está todavía abierto, no se sabe que marca y modelo de vehículos comprarán, pero sí que se puede comparar con las decisiones que han tomado otras administraciones, tanto municipales como la central, de reforzar el equipo antidisturbios de la policía. Almeida ya lo hizo con la excusa de controlar botellones.
El concurso lleva vigente desde hace meses, y en verano tuvo que aplazarse porque no habían encontrado ningún licitador. Nadie se presentó y el concurso quedó desierto. Ahora parece que han han vuelto a la carga para conseguir el nuevo material cuanto antes.
ALMEIDA, A PORRAZOS CON LOS BOTELLONES
la responsable del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, María Inmaculada Sanz Otero, ha destinado 270.035,70 euros para comprar “equipos antidisturbios para la unidad de apoyo a la Seguridad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”, tal y como se refleja en un documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com.
El gastarse todo este dinero público en aumentar el presupuesto en material antidisturbios viene justificado por la pandemia. El Ayuntamiento entiende que las intervenciones de la Unidad de apoyo a la Seguridad (los antidisturbios de la policía municipal de Madrid) han crecido desde que hay que controlar las aglomeraciones como fiestas o “botellones” y apuestan por reforzar su material para “disolver” hipotéticas y futuras concentraciones de personas en la capital. En un documento explican y justifican que este gasto viene motivado por causas reales.
“La Unidad de Apoyo a la Seguridad es una unidad especializada en la contención de masas y debe actuar en grandes eventos y en situaciones donde exista riesgo para las Unidades de distrito. Actualmente el número de intervenciones está aumentando dado que se hace necesaria su presencia en aquellos casos donde el número de persona presentes ( fiestas, botellones, etc) no están cumplimiento con las medidas sanitarias obligatorias derivadas de la pandemia COVID19. Este número de actuaciones están aumentando al estar cerrado el ocio nocturno las fiestas se han desplazado hacía zonas verdes y viviendas particulares”, detallan en un documento.
Vamos, que para Sanz Otero es necesario gastarse 270.035,70 euros en reforzar todo el equipo antidisturbios de su policía para controlar botellones de jóvenes y alguna que otra fiestas descontrolada. “Para poder actuar con todos la garantías de seguridad se hace necesaria la dotación a los componentes de la unidad de cascos y escudos de protección”, detallan. El equipo completo para los antidisturbios de la policía municipal.
SÁNCHEZ Y EL MATERIAL ANTIDISTURBIOS
Tal y como ha podido comprobar MONCLOA.com, el Ejecutivo ha destinado 31.000 euros para comprar material antidisturbios, especialmente cascos pesados con pantalla para la Guardia Civil, justo los que se emplean para disolver protestas o manifestaciones violentas, como las que sucedieron en Cataluña hace un año. Todo esto responde no tanto a una necesidad, sino a una previsión del Gobierno que se espera que con la crisis económica la sociedad implosione. Desde el PSOE aseguran que es algo rutinario, pero fuentes cercanas al Gobierno no descartan un 2021 convulso.
El Gobierno ha encargado a la empresa especializada Fábrica Española de Confecciones, S.A. (más conocida como FECSA) la compra de un número concreto de cascos para la Guardia Civil que aún no han especificado. Este empresa es la misma a la que acudió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para vestir con chalecos antibalas a su Guardia Urbana. Ahora, darán un buen impulso a la Guardia Civil con nuevo material antidisturbios para encarar el 2021 en buenas condiciones. Al menos textiles.
