El Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha citado a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, para declarar como investigada en la causa por presuntas subvenciones fraudulentas al Consell Esportiu de L’Hospitalet, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.
En una providencia, la jueza cita en total a 11 investigados entre los días 7, 8 y 9 de abril: Marín declarará el 9 de abril a partir de las 10 horas, y el mismo día lo hará el secretario general de Deporte de la Generalitat, Gerdad Figueras.
También volverá a declarar como investigado así el exconcejal Cristian Alcázar –quien dimitió para «facilitar la investigación»– después de que la jueza ha recibido nueva documentación en la que aprecia «la posible comisión de nuevos hechos delictivos».
El 10 diciembre, Marín compareció ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía como investigada en la misma causa.
Compareció citada previamente en las dependencias de la Udef en la comisaría de La Verneda en Barcelona, y una vez allí se le tomó declaración y después quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet cuando fuera requerida.
LA INVESTIGACIÓN
El Juzgado investiga presuntos delitos como malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental por las subvenciones recibidas en el Consell Esportiu.
En la causa están bajo investigación el secretario de Deporte y Actividad Física de la Generalitat, Gerard Figueras, dos concejales del consistorio, y en junio fue detenido el director, Eduard Galí.
Según la instructora, miembros de la Comisión Directiva del Consell Esportiu de L’Hospitalet, por su condición de miembros del Ayuntamiento, en presunta connivencia con el director, «habrían dispuesto con ánimo de lucro y de forma indebida y fraudulenta de los fondos de dicho organismo, falseando o alterando documentación de la entidad para ocultar los hechos y darle apariencia de legalidad».
La jueza ve indicios de que Plaza, Alcázar y Galí habrían «utilizado dinero de la entidad en provecho propio o de terceros y con fines aparentemente ajenos a la entidad, actuando con total impunidad al aprovecharse de las facultades de dirección inherentes al cargo que ostentan», y presuntamente idearon un sistema de contabilidad oculto y falsificaron documentos del Consell para encubrirlo.
CONNIVENCIA DE MARÍN Y «CONDUCTA OMISIVA»
La investigación apunta que habrían contado con la connivencia de otras personas, entre ellas Marín, que presuntamente favoreció o facilitó «la injusta concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento» al Consell.
La jueza señala que Marín ayudó los otros investigados «a evitar que su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta, manteniendo una conducta omisiva y pasiva cuando un miembro de la entidad que ostentaba también la condición de teniente alcalde del Ayuntamiento le trasladó de forma directa los hechos cometidos por los investigados».
Tras revisar los teléfonos y ordenadores incautados, la jueza considera que de la información recabada «se desprende que una vez el denunciante habría destapado internamente los hechos aparentemente ilícitos, los sujetos investigados de común acuerdo estarían intentando ocultar los hechos y evitar su descubrimiento».
Para ello, afirma que orquestaron, junto a Marín y el secretario General de Deportes, Gerard Martí, «una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación de los investigados y asilar y excluir al denunciante de la entidad deportiva».
VOLCADO DEL TELÉFONO DE MARÍN
En la detención, la policía le intervino el teléfono móvil, cuyo volcado de datos solicitó a la juez «sobre la base de su necesidad» para acceder a sus mensajes en el marco de la investigación, a lo que el Ministerio Fiscal no se opuso, según un auto de la jueza.
La instructora autorizó el «examen y análisis del contenido del teléfono móvil» en una resolución de 22 de diciembre, de la que se dio traslado a la investigada, ha informado el TSJC.
El volcado del teléfono se llevó a cabo el 29 de diciembre en la comisaría de la Verneda, con el fin de acceder a whatsapps entre los investigados sobre el exconcejal Jaume Graells –quien denunció los hechos– y «acreditativas de la existencia de relaciones» con Figueras.
