La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado que el jueves presentarán alegaciones contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender, de forma cautelar y provisional, el aplazamiento de las elecciones al Parlament, pero ha ordenado reactivar todos los mecanismos y procedimientos necesarios para que se puedan hacer el 14 de febrero hasta que se resuelvan todos los recursos presentados.
Así lo ha explicado en rueda de prensa este martes posterior al Consell Executiu, después de que el TSJC haya estimado las medidas cautelarísimas solicitadas en una demanda de un particular contra el decreto que aplazó las elecciones catalanas del 14 de febrero hasta el 30 de mayo.
Según Budó, no comparten la decisión del TJSC y ha defendido que el aplazamiento de las elecciones se decidió en base «a criterios sanitarios y epidemiológicos que, a día de hoy, siguen vigentes».
«Las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de unas elecciones en libertad, dificultando la campaña y la jornada de votaciones», ha sostenido.
En las alegaciones que presentarán, Budó ha explicado que defenderán que la posición de la Generalitat tiene una «sólida base jurídica», y ha pedido al TSJC máxima celeridad a la hora de resolver todos los recursos que se han presentado.
«Cada día que pasa se dificultan o retrasan los trámites y procedimientos que deben llevarse a cabo para garantizar unas elecciones», ha recalcado la también consellera de Presidencia, que ha constatado que el aplazamiento de las elecciones fue una decisión compartida por todos los grupos.
«INSEGURIDAD JURÍDICA»
Budó ha defendido que el decreto, que dejaba sin efecto la convocatoria del 14 de febrero, está bien apoyado jurídicamente, por lo que considera que el Govern no es responsable de la incertidumbre sobre si habrá elecciones o no el próximo mes: «La única inseguridad jurídica es la que está creando la decisión del TSJC».
Según ella, la decisión del tribunal deja un «margen de tiempo muy corto» para garantizar todos los dispositivos electorales de cara al 14 de febrero y ha pedido al TSJC que valore con la máxima brevedad posible los criterios sanitarios que tuvo en cuenta el Govern para posponer las elecciones.
La portavoz del Ejecutivo ha recalcado que la apuesta de la Generalitat es celebrar los comicios el 30 de mayo y ha rechazado que haya una fecha alternativa: o el TSJC concluye que se pueden aplazar y se celebran el 30 de mayo, o determina que no se pueden posponer y se celebran el 14 de febrero. BERNAT SOLÉ
El conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, –encargado de la organización de los comicios– ha insistido en que el aplazamiento de las elecciones se basa en un «análisis técnico y jurídico analizando a fondo la situación epidemiológica» en Cataluña, que considera que pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Según él, la decisión está fundamentada jurídicamente y ha destacado que está acompañada del acuerdo unánime entre los partidos catalanes para posponer los comicios y de un acuerdo mayoritario para situar la nueva convocatoria el 30 de mayo.
Ante la decisión del TSJC, ha asegurado que el Govern «por responsabilidad» ha reactivado todo el dispositivo electoral para que los comicios se puedan celebrar con todas las garantías si finalmente son el 14 de febrero, como los sorteos para escoger a los miembros de las mesas electorales, la proclamación de candidaturas y preparar el envío único de sobres y papeletas, entre otras cosas.
Ha lamentado que, al mantener el TSJC el 14F de manera cautelar, se ha «tensado» el calendario electoral y ha acusado al tribunal de haber provocado una situación de incertidumbre, por lo que exige que resuelva de manera definitiva lo más pronto posible.
NO TOMARÁN MEDIDAS ADICIONALES
Solé ha insistido en que tienen preparados los protocolos para celebrar las elecciones y, al ser preguntado por si prevén aplicar alguna medida adicional, ha contestado que el Govern ya ha tomado todas las medidas que «permite la legislación vigente», aunque en el decreto de aplazamiento se indicaba que no son suficientes para garantizar el proceso electoral ante la situación epidemiológica actual.
Considera que la Generalitat está «encorsetada» legalmente para impulsar todas las medidas necesarias para garantizar las elecciones, ya que cree que se podrían contemplar más opciones, como el voto electrónico, pero tendría que llevarse a cabo con cambios legislativos que no dependen del Ejecutivo catalán.
VOTO POR CORREO
Sobre el voto por correo, Solé ha aclarado que todas las solicitudes que se habían realizado –unas 35.000 aproximadamente hasta el 12 de enero-– se mantienen vigentes y la ciudadanía podrá seguir pidiendo el voto por correo hasta que el TSJC no resuelva definitivamente si mantiene o aplaza las elecciones.
Asimismo, ha señalado que la voluntad del Govern sigue siendo valorar la organización de las elecciones junto al resto de formaciones en la mesa de partidos catalanes, ya sea en su formato más técnico o más institucional, pero no ha concretado si convocará este órgano en los próximos días.
