El Bloque Nacionalista Galego (BNG) gobierna en coalición en Pontevedra, pero esto no le ha impedido a la formación dar decenas de concesiones en forma de contratos menores a sus amigos, familiares y asociaciones afines. La estrategia del partido es simple: ofrecer contratos de poco dinero para que se puedan conceder a dedo, sin necesidad de concurso público. Tal y como ha podido comprobar MONCLOA.com, son muchos las contratos concedidos a dedo a personal afín a la administración, en esta ciudad se ha llevado dinero hasta la pareja de la portavoz del gobierno local para dar un concierto. Si tienen relación con el Ayuntamiento, se han llevado dinero, aunque sea en pequeñas cantidades para pasar desapercibidas.
Las concesiones no tienen por qué estar relacionadas con un sector concreto. Al BNG en Pontevedra le vale todo. Si Pontevedra tiene que pagar 1253 euros al vocalista y guitarra de un grupo de música llamado Anxo Guerra (pareja de la portavoz del gobierno local), se dan. Y si poco después hay que dar otro dinerito público (alrededor de mil euros) a Roberto Fernández Lores, hermano del alcalde Miguel Anxo, y cantante del grupo Onte e Hoxe, una agrupación músico-cultural, para que cante en la Plaza de la Herrería, se dan sin problemas. Pero la cosa no va solo de hermanos, parejas y amigos. También hay otras concesiones que curiosamente acaban en asociaciones próximas al partido BNG.
Parece que la obsesión de dar contratos menores en conciertos a personas afines, familiares o parejas salpica incluso a los propios concejales. El mismísimo concejal de Urbanismo de Pontevedra, Xaquín Moreda, del BNG, toca la gaita en el grupo Maravallada, contratado por 1450 euros por el Ayuntamiento de Pontevedra. En el año 2012 ya se vio envuelto en otra polémica: fue agraciado con un generoso contrato, a dedo, de 70.068,40 euros para la realización de unos trabajos que no siguieron el procedimiento legalmente establecido, tal y como advirtieron los propios técnicos municipales.
Hasta aquí los familiares o los mismos concejales, porque además de estos contratos anteriormente mencionados, todos concedidos en 2020, el BNG también ha dado dinero público a asociaciones afines. Uno de ellos es el pago de 500 euros (cierto, no es una gran cantidad de dinero, por eso se puede conceder a dedo) para colocar publicidad en la revista de Galiza Nova, una organización juvenil que proviene directamente del BNG. Todo queda en casa.
También hay otro contrato, también concedido en 2020, que consiste en meter 5.000 euros públicos para publicidad en la revista Do Festigal 2020, un festival que se realiza en el campus sur de Santiago de Compostela que, casualmente, es organizado por Galiza Nova (las juventudes del partido nacionalista gallego) y Galiza Sempre, una fundación promovida por el BNG que busca la difusión de la memoria histórica de Galicia, así como promover el nacionalismo gallego.
También el BNG mantiene una fructífera relación publicitaria con la revista Sermos Galiza, publicación de la que casualmente fue gerente la concejal Anabel Gulias, del BNG. El Ayuntamiento de Pontevedra está directamente suscrito a esta revista, concretamente a 25 números de la publicación; algo que cuesta a todos los ciudadanos de Pontevedra nada menos que 7200 euros al año. Por tener un agravio comparativo, el contrato que tiene el Concello con un prestigioso diario de esta conocida ciudad de Galicia es de 369 euros. Las comparaciones son odiosas.
Pero hay más, porque Sermos Galiza ha recibido otra copiosa concesión de 12.705 euros a costa de los bolsillos de los pontevedreses tras recibir el encargo por parte del Concello de un curso de lengua gallega para el público.
Todos estos contratos públicos que se sufragan con el dinero de los pontevedreses están por debajo del umbral que obligaría al Ayuntamiento de Pontevedra a crear un concurso público. Los gastos que sean de un importe relativamente bajo (dependiendo de en qué se vaya a gastar el dinero puede una cifra mayor o menor, se conceden a dedo. Es lo que normalmente se hace con los gastos de las contingencias del día a día (como puede ser comprar material de oficina), pero en realidad son cifras que emplean los ayuntamientos para esquivar el concurso público, pues este proceso no solo impide que un consistorio pueda entregar a dedo la concesión, sino que alarga los trámites en el tiempo considerablemente.
Aprovechando este vacío legal que da rienda suelta al dinero de los demás, las administraciones públicas españolas han adjudicado en los últimos años contratos por un valor total superior a 265 millones de euros sin ningún control. Esto no solo deja que ese dinero se pierda fuera del rádar de los españoles, sino que consigue que los gobernantes, como es el caso del BNG en Pontevedra, utilicen el dinero público a discreción para favorecer a quienes consideren.
Si hablamos de cifras, los contratos a dedo se pueden dar si son menores de 15000 para suministros y servicios, y de 40000 para obras (IVA no incluido).
