La expresidenta regional Cristina Cifuentes se sentará a partir de este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de falsedad documental en relación al acta que acreditaba la defensa de su Trabajo de Fin de Máster de los estudios de postgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), un juicio que llega casi tres años después de su dimisión y que se seguirá por streaming ante la alta incidencia de casos del Covid-19.
La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, será juzgada por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Lo días señalados son el 18, 22, 25 y 29 de enero. La vista ya se retraso como consecuencia de la pandemia.
El primer día se iniciará con las cuestiones previas que formularán las partes que así lo deseen. Si diera tiempo, con posterioridad se dará paso a las declaraciones de las tres procesadas.
La expresidenta regional y ahora tertuliana televisiva se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del TFM, una exposición que sigue defendiendo que hizo.
Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.
El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster, que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.
A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.
Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
El fiscal considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El fiscal señala a Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. El escrito de acusación ubica en primer lugar cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos.
Así, recuerda que Enrique Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, sita en Vicálvaro,; María Teresa Feito Higueruela era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC; Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC.
Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado, era dirigido por Álvarez Conde.
A continuación alude a una información publicada en marzo de 2018 en el periódico digital eldiario.es en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el Trabajo Fin de Master (TFM) del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.
«Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», añade la Fiscalía.
Según el fiscal, Feito accedió a lo solicitado por la ex presidenta madrileña y que, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta.
Al acta se le daría «apariencia de verosimilitud» para acreditar de cara a los medios de comunicación, que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid había cursado el master con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
Así, el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado.
Así, le «dio instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente».
Por su parte, Cecilia Rosado, dada la «fuerte jerarquía» existente entre ella y el catedrático y «ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía», accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas.
Es más, hizo constar «mendazmente» tras los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del Director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal que: «Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7*5)», estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas , Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.
A continuación creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del Rector, Javier Ramos López, «que ignoraba las manipulaciones realizadas».
Ese mismo día, además, de forma «insistente» y «agobiante» María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza».
Por lo que respecta a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
