La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a seis internos del centro penitenciario de Madrid III de Valdemoro a los que la Fiscalía acusa del delito de integración en organización terrorista y de delito de proposición a cometer atentados terroristas.
Según el escrito de calificación del Ministerio Público, formaban parte de un grupo con «un alto grado de radicalización yihadista» que se hacía temer en la cárcel por su carácter violento y que obligaba a otros reclusos a unirse a su actividades religiosas.
Bajo la dirección de uno de ellos, Suleyman el M., se dedicaban a la captación de miembros y al adoctrinamiento de internos que tenían perfiles de personalidad cercanos a la exclusión social por su dependencia a las drogas. Además, señala el escrito del Ministerio Fiscal que el objetivo era incorporarlas para realizar acciones terroristas de carácter yihadista, y que para tal fin habían concebido un plan para la compra de armamento y de explosivos.
«En dos ocasiones propusieron la realización de atentados terroristas a cambio de dinero», dice el fiscal, para luego indicar que como prueba de ello está el caso de un interno al que tres de los acusados abordaron en el gimnasio para convencerle de que a su salida de la cárcel cometiera un atentado. Le prometieron que, dado que tenían buenos contactos en DAESH, se le pagaría a la familia por su acción.
De hecho, según explica el fiscal en el informe, le ofrecieron una suerte de sueldo de 4.000 euros al mes desde que saliera de la prisión y hasta que cometiera el atentado, tras lo cual abonarían a la familia hasta medio millón de euros.
Dado que este preso, testigo protegido en la causa, se negó a realizar esa acción, y puesto que se alejó del grupo dejando de asistir a los rezos, dos de los acusados –Mohamed R. y Omar B.– le dieron una paliza en los baños de la cárcel.
A pesar de que este primer intento de atentar fue fallido, el grupo radical no cejó en su empeño y de nuevo ofrecieron a otro interno la cantidad de un millón de euros a cambio de que a su salida llevara una mochila con bombas que debía dejar en diferentes sitios de Madrid.
Además, el Ministerio Fiscal apunta que en septiembre de 2013 se intevino en el módulo 6 de ese centro penitenciario una tarjeta SD perteneciente a Suleyman el M. y que contenía vídeos en los que se incita a perder la vida cometiendo la Yihad, así como material de contenido yihadista usado captar y radicalizar individuos.
Además, el grupo logró hacerse con un móvil mediante la comisión de un delito de cohecho. Pagaron a uno de los funcionarios de prisiones, también acusado, para que el líder del grupo radical dispusiera de conexión con el exterior.
Por todo esto, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de los delitos de integración en organización terrorista, colaboración con organización terrorista, proposición para cometer atentados terroristas, cohecho activo, cohecho pasivo, falsedad en documento de identidad y lesiones.
Así, pide para el líder del grupo Suleyman el M. 15 años de prisión, mientras que para el resto de acusados solicita penas que van desde los 3 años para el funcionario que cometió cohecho pasivo hasta los 13 años para algunos de los integrantes del grupo radical.
