El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 se reanuda este lunes tras el parón de las Navidades con los últimos informes periciales que darán paso a que la Fiscalía dé a conocer si mantiene las peticiones de entre ocho y 41 años de cárcel para los tres acusados o si bien modifica las penas que interesa para ellos.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal comenzó a juzgar el pasado 10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza por su presunta participación en la organización de los atentados en Barcelona y Cambrils que dejó 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
La última sesión que se celebró fue el pasado 17 de diciembre, día en el que se desarrolló la prueba pericial sobre el análisis de un teléfono móvil de Driss Oukabir, cuyas conclusiones no compartió el propio acusado que desde la ‘pecera’ en la que está siguiendo la vista oral gritó que el perito estaba «mintiendo».
A falta de informes periciales de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional y periciales solicitadas por las defensas, el juicio se retomará este lunes para su desarrollo, así como para la práctica de alguna prueba documental si se solicita, antes de que las acusaciones puedan anunciar ante el tribunal sus conclusiones definitivas.
Debido a la extensión de las periciales que aún quedan pendiente y la larga lista de acusaciones presentes en el procedimiento que tienen la posibilidad de exponer ante el tribunal su informe final, se prevé que el juicio pueda alargarse hasta la próxima semana, según han informado fuentes jurídicas. De momento, el tribunal ha señalado sesiones hasta el próximo 14 de enero.
En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía no incluyó entre los delitos ninguno de asesinato. Considera que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos, un criterio que discrepa con el de las acusaciones populares.
Ello se debe a que los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d’Esquadra la misma noche o en días posteriores.
PERTENECÍAN AL «ENTORNO» DEL IMÁN DE RIPOLL
El Ministerio Público afirma en su escrito de acusación provisional que los acusados se encontraban en el «entorno» del imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, que falleció un día antes en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona.
Señala que el acusado Mohamed Houli Chemlal, que resultó herido por la explosión de Alcanar, y para quien solicita la pena más alta, la de 41 años, por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, «formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades ‘El Fath’ y ‘Annour'», de Ripoll.
En el caso de Oukabir, la fiscal solicita 36 años de prisión por los mismos delitos que Houli Chemlal, ya que estaba «plenamente asentado» en la célula terrorista en la que se integró «a mediados de 2017». Subraya que estaba «aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines», lo cual se demuestra con su participación en el «traslado de sustancias explosivas» desde la vivienda del imán hasta Alcanar y con alquiler de furgonetas.
El tercero de ellos, Ben Iazza se enfrenta a la menor petición de pena, 8 años por colaboración con la célula, por prestar a Younes Abouyaqoub –autor material del atropello en Barcelona– una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, «a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos».
La Fiscalía también señala que prestó su documentación personal, para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos, «con la finalidad de ayudarles en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas».
ACUSACIONES POPULARES PIDEN PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Por su parte, tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, ambas acusaciones populares, sí incluyen los delitos de asesinato, de ahí que soliciten penas de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir por las víctimas mortales en Barcelona y Cambrils.
La AVT también les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones.
Para el tercer procesado, Said Ben Iazza –quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón–, solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.
El primer día de juicio, Driss Oukabir y Said Ben Iazza tan sólo respondieron a las preguntas de sus abogados, desmarcándose de las principales líneas que conforman la tesis acusatoria, mientras que Mohamed Houli Chemlal se limitó a mostrar su arrepentimiento por lo sucedido.
Ese mismo día se iniciaron las declaraciones de los testigos, entre los que comparecieron agentes de Mossos d’Esquadra que llevaron a cabo la investigación sobre la célula yihadista de Ripoll; víctimas del atentado que revivieron lo sucedido, en la mayoría de ocasiones con voz entrecortada, así como agentes de la policía autonómica que relataron cómo abatieron a los terroristas y las secuelas psicológicas que padecen desde entonces.
