Una de las piezas separadas de la conocida como ‘Operación Zeta’, una investigación sobre supuestos fraudes en subvenciones destinadas a cursos de formación, ha vuelto a reabrirse para dar traslado a las partes del informe que acaba de llegar de la Intervención General del Estado.
En concreto, fuentes jurídicas han explicado que se trata de la pieza vinculada a la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), vinculada, según han precisado, a dos de los principales investigados, el empresario coruñés Gerado Crespo y el que fue presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), Eliseo Calviño.
«La causa principal sigue en archivo provisional a la espera del informe solicitado a Hacienda», han ratificado desde el TSXG, que han precisado, como otras fuentes próximas al caso, que lo que se ha reabierto es una de las piezas separadas, «la vinculada a Fundefo». El objetivo es que las partes puedan presentar sus alegaciones sobre el contenido del informe emitido por la Intervención General del Estado.
Esta decisión se adopta después de que en 2018 el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña decretase el sobreseimiento provisional de la causa principal y de las piezas separadas, a la espera de un informe «clave» para la investigación.
INVESTIGACIÓN
En noviembre de 2014, y en el marco de la investigación llevada a cabo, eran 30 los imputados por el supuesto fraude en cursos de formación, tras una investigación que se inició en diciembre de 2011 y en la que inicialmente se imputó a siete personas. Entre ellas, estaba el empresario coruñés Gerardo Crespo, al que los investigadores consideraban el supuesto ‘cabecilla’ de la trama.
En enero de 2016, el juzgado acordó citar a 25 nuevas personas en calidad de investigadas. De ellas, 21 fueron citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.
A ellas, se sumó la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación. Junto a estos, figuró otra persona como presunto autor de un delito de tráfico de influencias.
Algunos de los entonces investigados lograron su desimputación. Entre ellos, estaba el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas y al que, en el marco de la investigación, se llegó a considerar como el «supuesto conseguidor» de cursos como «amigo personal» del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
