Once vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reclamado este lunes que el órgano del gobierno de los jueces celebre un pleno extraordinario o incluya en el orden del día del próximo ordinario la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones de la institución.
Mediante un escrito, seis vocales han reclamado una solicitud al Congreso de los Diputados para pedir un informe del CGPJ en relación a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones de la institución.
Además, según informa ‘El Español’, otros cinco vocales –Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona– quieren «el examen de la reforma» por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.
También han pedido que el Congreso «recabe el informe de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) en relación «a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial» en el aspecto «relativo a las atribuciones» del Consejo en materia de «nombramientos judiciales y gobernativo-judiciales de carácter discrecional.
Los vocales Wenceslao Olea, José María Macías, María Victoria Cinto, Juan Martínez Moya, Rafael Fernández Valverde y José Antonio Ballestero recuerdan que, según la interpretación del artículo 561.1 de la LOPJ, el «Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible.
Sin embargo, señalan el «principio de interpretación conforme» con Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE y que impone que «cuando la proposición de ley se refiera a aspectos nucleares» de los miembros del Poder Judicial o afecte a las «funciones» del CGPJ debe tramitarse «oyendo a todos los sectores implicados», incluyendo el propio Consejo y también la Comisión de Venecia.
Explica que así se ha expresado la Comisión Europea en sus recomendaciones y se le recordó al Gobierno de España en «sendas comunicaciones» con el portavoz de justicia.
Los vocales también apuntan que el que el Pleno del CGPJ ya expresó su «preocupación» ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, «el contenido de la nueva proposición de ley y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas».
Además, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha reiterado este lunes su llamamiento a retirar definitivamente la proposición de ley, denunciando que se trata de «una invasión de competencias» que revela, por un lado, un «desprecio» por la separación de poderes y, por otro, la «incapacidad» de los políticos para renovar el CGPJ.
«La reforma pretendida se aparta del espíritu constitucional, evidencia una invasión de competencias reveladora del desprecio por el principio democrático de división de poderes y supone trasladar al CGPJ la disfunción provocada por la incapacidad de las propias formaciones políticas para renovar la institución, disfunción que no existiría si los vocales de origen judicial fueran elegidos por los propios jueces», ha dicho la Comisión Permanente de la APM en un comunicado.
