Parece que los planes del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y su presidente, Pedro Sánchez, se empiezan a ir paso a paso al traste. El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana su rechazo a todos los terceros grados que habían solicitado para los líderes del procés presos. Y esto ha hecho saltar las alarmas dentro del Ejecutivo de coalición porque augura que el Supremo no dará su brazo a torcer en ningún momento para conceder el indulto. Al menos no hará un informe favorable en este supuesto y obligará al Gobierno de Sánchez a encararse con el más alto tribunal por las bravas. Algo que desde Ferraz deslizan que el presidente no está dispuesto a hacer.
El problema es que para conceder el indulto, antes se deben dar una serie de pasos protocolarios que, aunque no son impedimento para el poder Ejecutivo, sí que está mal visto que se incumplan a las bravas. Dentro de estos pasos que se dan para conceder el indulto se incluye un informe del tribunal sentenciador que, de no ser favorable, podría impedir de facto que se hiciera efectiva dicha liberación de pena, eso sí, siempre que el Ejecutivo respete la opinión del Supremo.
Los indultos los concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia. Esto es una formalidad, pero el Gobierno tiene la capacidad de sacar de la cárcel a quien considere, pero no sin una serie de formalismos que tiene que cumplir, uno de los cuales es el informe del Supremo, en este caso. Y el hecho de que el Alto Tribunal haya decidido negar el tercer grado a todos los presos que lideraron el procés es sintomático de que el tribunal sentenciador no tiene ninguna intención de elaborar un informe favorable que avale la posibilidad de liberar a los dirigentes independentistas. De hecho, pocos se imaginan al magistrado del Supremo Manuel Marchena contradiciendo en un texto su propia sentencia.
Los jueces entienden que hace falta que pase mucho más tiempo para tomar la decisión de si es adecuado o no que estos presos puedan acceder al tercer grado. No hay que olvidar que las sentencias que tienen que cumplir no son pequeñas, pues oscilan entre los nueve y los 13 años de prisión y que para evaluar el desarrollo y la evolución del preso es necesario, según el criterio del Supremo, que pase más tiempo. Ninguno de los internos que se han presentado para obtener el tercer grado ha cumplido si quiera la mitad de su condena.
El Supremo, como no puede ser de otra manera, está siendo coherente con la sentencia y metódico en los procedimientos. Y nada parece indicar que su posición vaya a variar en el momento hipotético de que el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos o el presidente presenten el indulto para todos los dirigentes independentistas condenados. Y más cuando hay algunos que han decidido huir del país amparándose en un criterio técnico.
El tribunal sentenciador, sea cual sea, tiene que emitir un informe no vinculante sobre la condena al reo, pero además, el centro penitenciario también debería hacer lo mismo en caso de que se quiera indultar a algún preso. A su vez, el Gobierno tendría que escuchar a la Fiscalía y a la parte afectada (acusación particular o quien fuera) y tras esto, Justicia decidiría si presentarle al Rey el indulto que deberá firmar. Y todos estos pasos no son más que piedras en el zapato de Sánchez para conseguir el hipotético objetivo de liberar a los políticos presos.
Los Presupuestos Generales están aprobados desde este jueves y ahora el 2021 se augura como un periodo de pagos. Muchos, desde la crisis sanitaria y las restricciones, que se pagarán con paro, a lo que se haya comprometido Sánchez a cambio de conseguir el apoyo de partidos independentistas y nacionalistas para tener unas cuentas propias. Fuentes de la oposición indican que uno de esos pagos podría ser el indulto. Veremos qué hará el presidente del Gobierno.
